La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) puso a disposición de las instituciones del Estado la “Guía para la prevención y detección de colusión”, una herramienta que contribuirá a la identificación temprana de esta práctica anticompetitiva que deja considerables pérdidas al Estado.
Se estima que las pérdidas por colusión en las contrataciones públicas representan entre 2% y 4% del producto interno bruto (PIB) en el mundo, lo que en el caso dominicano podría traducirse en unos US$2,500 y US$5,000 millones, una cifra cercana al actual déficit fiscal del país. Es por esto que actuar ante esta conducta tiene un impacto significativo en las finanzas públicas, afirmó el consultor en Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mario Umaña.
“Este tema le ofrece una oportunidad enorme a la República Dominicana y a todos los países de América Latina. La República Dominicana ha venido haciendo un esfuerzo enorme en los últimos años para reducir su déficit fiscal, pero si pudiéramos reducir en algo esas pérdidas por colusión, podríamos disminuir casi a la mitad el déficit fiscal actual”, explicó Umaña.
Asimismo, el experto sénior de la División de Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Paulo Burnier, indicó que en América Latina las compras públicas representan alrededor del 25% del gasto público, por lo que cualquier distorsión en estos procesos tiene un impacto significativo en los fondos públicos y en la capacidad del Estado de implementar políticas públicas.
La presidenta del consejo directivo de ProCompetencia, María Elena Vásquez Taveras, subrayó que las compras públicas representan una de las áreas más sensibles y estratégicas de la administración del Estado y destacó que la “Guía para la prevención y detección de colusión” es un aporte significativo para fomentar la competencia en estos procesos.
“Esta guía es el resultado de un trabajo colaborativo que refleja nuestro compromiso con la integridad del gasto público y con la construcción de una cultura de cumplimiento, donde la ética, la transparencia y la competencia se conviertan en la norma, no en la excepción”, expresó.
La “Guía para la prevención y detección de colusión” contiene herramientas para identificar patrones de participación entre los oferentes en los procesos, hacer análisis de precios, conductas sospechosas y otros aspectos que servirían para alertar sobre posibles prácticas anticompetitivas que podrían afectar a otros competidores en el mercado.
“Esta guía tiene un propósito muy claro: convertirse en el aliado diario de cada funcionario que interviene en un proceso de compras públicas”, destacó el director de Promoción y Abogacía de la Competencia, José Beltré Cuevas, al presentar el instructivo.
Avances
Vásquez Taveras valoró los avances que se han dado en el país para prevenir prácticas como la colusión, destacando el rol que han asumido entidades como la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), que ha sido un socio estratégico de ProCompetencia en la tarea de capacitar, sensibilizar y fortalecer las capacidades de los servidores públicos en materia de ética, integridad y prevención de esta práctica.
“Gracias a esa alianza, cientos de funcionarios han recibido formación para detectar señales de prácticas anticompetitivas en los procesos de contratación, convirtiéndose en verdaderos guardianes de la competencia en sus instituciones. La colaboración entre ProCompetencia y la Digeig demuestra que los grandes retos del Estado solo pueden enfrentarse mediante la articulación interinstitucional”, enfatizó.
La directora jurídica de la Digeig, Delta Paniagua, indicó que esta alianza estratégica ha generado resultados concretos y medibles en el fortalecimiento de la integridad en las compras públicas. Entre los principales logros destacó la capacitación de unos 800 funcionarios para identificar señales de alerta, patrones sospechosos y comportamientos que pueden indicar patrones de colusión en las licitaciones públicas.
Sobre la guía, consideró que esta servirá como herramienta de consulta permanente para reforzar las capacidades del sistema de compras públicas y garantizar la participación equitativa de todos los proveedores.
Inicio de la Semana de la Competencia
La jornada inaugural de la tercera Semana de la Competencia contó con la participación de expertos nacionales e internacionales, quienes en sus intervenciones coincidieron en que es necesario fortalecer la capacidad de los países para prevenir prácticas anticompetitivas en los procesos de compras públicas debido a los efectos negativos que estas generan sobre los recursos del Estado y, en consecuencia, sobre el bienestar de la población.
En el panel: “Transparencia, compras públicas y competencia: una sinergia necesaria”, en el que participaron el consultor en Comercio del BID; la presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia; Rolando Díaz, miembro del Directorio de la Comisión Nacional de la Competencia de Paraguay; Juan Luis Crucelegui, exjefe de los Servicios jurídicos y de la Asistencia Técnica en Políticas de Competencia y de Protección del Consumidor de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), y Alejandro Ibarra, investigador del Centro de Derecho de la Competencia de la George Washington University, se profundizó en la importancia de fortalecer la transparencia en los procesos de contratación pública y en las estrategias para prevenir conductas que distorsionan la competencia.
