[dropcap]L[/dropcap]a libertad es inherente al ser humano. La decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA) de acoger el recurso de amparo para liberalizar el sector del transporte terrestre de carga y de pasajeros envía una señal de optimismo que habrá de expresarse en hechos concretos durante 2017. Sin duda, luego de tantos años de monopolio, ganó la sociedad dominicana.
Resulta ilógico e inconcebible que en una sociedad organizada, donde las leyes deben ser iguales para todos, sin distinción de clase social, haya existido un grupo minúsculo que durante tanto tiempo mantuviera, bajo amenazas y chantaje, el control absoluto de un sector tan vital para la economía dominicana como lo es el transporte.
Los sectores productivos del país, los que generan empleos de calidad, divisas y mejores oportunidades de desarrollo, liderados por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), han hecho bien al afirmar que la decisión del TSA debe ser motivo de alegría para todos los dominicanos.
La sociedad no sólo espera que las instituciones del Estado encargadas de hacer cumplir las leyes, sin mirar a quien, lo hagan con el mayor nivel de responsabilidad, sino que los gremios líderes del transporte de carga y de pasajeros, que también son entes productivos, se conviertan en verdaderas empresas de servicios.
La libertad de elección, un derecho consagrado en la Constitución, ahora tiene muchísimo más valor al reconocer que las empresas pueden contratar a quienes deseen para recibir un servicio.
El Conep y las 90 empresas y asociaciones que presentaron el recurso consideran que, con esta decisión, se fortalece el rol del TSA como jurisdicción constitucional y poder judicial independiente. Y tienen muchísima más razón cuando afirman que la protección de los derechos fundamentales a la libertad de empresa, de tránsito y de contratación constituyen un requisito indispensable para que la ciudadanía tenga derecho a un transporte eficiente, seguro y digno.
Los empresarios confían en que, apoyado en esta sentencia del TSA, la administración pública cumplirá con su deber de proteger los derechos constitucionales en el sector del tránsito terrestre, tanto de carga como de pasajeros. Esta es una apuesta que, de seguro, hacen todos los dominicanos.
La justicia le dijo “no” al monopolio en el transporte porque afecta la competitividad del país y la seguridad de los ciudadanos y empresas que confían en la economía dominicana. Pero también le dijo “sí” a la libertad que es inherente a los seres humanos.
La respuesta de la sociedad ha sido tal y como se había pensado: de apoyo a una decisión que sienta jurisprudencia para otras oportunidades en las que deberá imponerse el interés de toda la sociedad dominicana.
No hay duda de que el fallo judicial del TSA representa una garantía para el futuro desarrollo de nuestro país, consolida la seguridad jurídica indispensable para el buen funcionamiento de una sociedad, sus empresas y ciudadanos, pero también envía una señal firme a la comunidad internacional de que República Dominicana confía en sus instituciones y en el estado de derecho.
