República Dominicana tiene definida una estrategia de Estado con miras a fortalecer su posición como hub logístico regional. En este proceso, la Ley 30-24 es la punta de lanza para alcanzar esta meta.
Por lo que se ha visto hasta este momento, las autoridades y el sector privado lo tienen bien claro: articularse hacia este objetivo, fortaleciendo alianzas, es una receta que podría dar frutos positivos. Desde la Dirección de Aduanas, por citar un caso, se han tomados decisiones trascendentales. Lo que está sucediendo con “Despacho en 24 horas” es el resultado de una voluntad política proactiva y consecuente con las demandas de un mundo cada vez más competitivo.
En este contexto, está sobreentendido que la Ley 30-24 marca un antes y un después en materia de políticas públicas. Al unificar el marco institucional y elevar el sector a política de Estado, se elimina la dispersión regulatoria histórica, sentando las bases para convertir a República Dominicana en referente.
Aunque desde el Estado hay buenas noticias, lo mismo que desde el sector privado, especialmente porque no ha parado de invertir, este ambicioso proyecto, muy prometedor, navega entre éxitos palpables y tensiones persistentes que requieren una atención urgente.
Bajo la sombrilla de la legislación hay logros palpables y vendrán más. Es obvio. La expansión del Puerto Multimodal Caucedo y la reciente apertura del Punta Cana Free Trade Zone, con más de US$200 millones en inversión y miles de empleos, son ejemplos fehacientes de cómo un marco jurídico claro atrae capital extranjero y eleva la competitividad del país en las cadenas globales de valor.
Es pertinente afirma que estas iniciativas, sumadas a la modernización del Puerto de Manzanillo, fortalecen un entorno logístico en rápida expansión que reposiciona al país en el comercio marítimo internacional.
Otro aspecto a destacar está relacionado al ámbito comercial. Los resultados son igualmente elocuentes. República Dominicana se consolida como una plataforma regional de transbordo y redistribución. El notable incremento en el tránsito de mercancías confirma que la Ley 30-24 ha permitido al país entrar formalmente en la competencia regional por el liderazgo logístico, abriendo la puerta a sectores de alto valor agregado como farmacéuticos y electrónica.
No obstante, sería ingenuo ignorar los obstáculos que amenazan con frenar este impulso. El avance no está exento de tensiones. El régimen fiscal especial, piedra angular de la Ley, sigue generando un debate sobre posibles distorsiones competitivas en el mercado interno. Más allá de lo fiscal, el principal desafío reside en las barreras estructurales que una ley por sí sola no puede transformar.
La eficiencia de puertos de clase mundial como Caucedo contrasta dolorosamente con la fragilidad del transporte interno. La congestión, rutas alternas insuficientes y la vulnerabilidad energética son cuellos de botella persistentes que elevan los costos operativos y erosionan la ventaja geográfica natural del país. La digitalización y la conectividad siguen siendo asignaturas pendientes
El reciente V Foro Económico elDinero, titulado “República Dominicana en mapa logístico: Agenda público-privada para un hub competitivo y sostenible” puso de manifiesto nuestro potencial, pero puso en perspectivas los retos. Consideramos que la Ley 30-24 debe ser vista como el punto de partida, no la meta final.
