Cuando se habla del crecimiento económico de la República Dominicana, con frecuencia la atención se concentra en las grandes inversiones, el turismo, las zonas francas o las obras de infraestructura. Sin embargo, pocas veces se reconoce que el verdadero motor de la economía nacional está compuesto por miles de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que cada mañana abren sus puertas para generar empleo, pagar impuestos y sostener a millones de dominicanos. Son ellas las que producen más del 60% de los empleos del país y aportan cerca de un tercio del Producto Interno Bruto. Dicho de otra manera, sin Mipymes no existe una clase media fuerte.
“Los países no construyen una clase media fuerte protegiendo únicamente a las grandes empresas; la construyen garantizando que las pequeñas empresas puedan nacer, crecer, cobrar a tiempo y convertirse en las grandes empresas del mañana”.
La reciente ley 30~26, pretende con migajas dar la impresión de que están apoyando las Mipymes, pero en definitiva necesitamos algo mejor estructurado que vea a las Mipymes no como un sector que necesita asistencia, sino como un activo estratégico del país como una economía verdaderamente sostenible. Paradójicamente, siendo el principal generador de empleos, este sector continúa siendo el más vulnerable. Sus propietarios enfrentan enormes dificultades, entre las que resumimos más aquí.
Principales dificultades
- Acceso limitado al financiamiento y altos costos del crédito,
- Alta informalidad, que restringe el acceso a mercados y programas de apoyo,
- Elevada carga tributaria y costos regulatorios para empresas pequeñas,
- Baja productividad por escasa inversión en tecnología e innovación,
- Déficit de capacitación gerencial y técnica,
- Dificultad para acceder a mercados, especialmente compras públicas y exportaciones,
- Altos costos de energía, transporte y logística,
- Exceso de trámites burocráticos para formalizar y operar,
- Competencia desleal de negocios informales, y
- Escasa asociatividad, lo que limita su poder de negociación y crecimiento.
El gran problema que no ocupa espacio en el debate público ni preocupación de los políticos, que viene siendo la principal causa de la desaparición de muchas empresas cada ano: la demora en los pagos. No son pocas las empresas que venden bienes o prestan servicios al Estado o a grandes corporaciones y deben esperar tres, cuatro o hasta seis meses para cobrar una factura. Durante ese tiempo siguen pagando salarios, alquileres, electricidad, impuestos, seguridad social y proveedores.
En la práctica, la pequeña empresa termina financiando gratuitamente a organizaciones que poseen mucho mayor respaldo financiero, a costa de su salud.
Una Ley de Pronto Pago, que obligue al Estado y a las grandes empresas a pagar las facturas de las mipymes en un plazo máximo de 45 días, tendría efectos muy positivos. Entre los principales beneficios están:
- Mayor liquidez: las mipymes dispondrían de efectivo oportunamente para cubrir nómina, proveedores e impuestos.
- Menor necesidad de endeudamiento: reducirían los préstamos de corto plazo y los costos financieros.
- Menos quiebras: muchas pequeñas empresas desaparecen no por falta de ventas, sino por retrasos en los cobros.
- Más inversión: contar con flujo de caja les permitiría adquirir equipos, innovar y crecer.
- Más empleo: empresas con mejor liquidez pueden contratar y conservar trabajadores.
- Mayor formalización: más negocios tendrían incentivos para formalizarse y vender al Estado y a grandes empresas.
- Mayor competencia: las Mipymes podrían competir en mejores condiciones con empresas de mayor tamaño.
- Cadenas de suministro más fuertes: proveedores pequeños financieramente sanos reducen riesgos para las grandes empresas.
- Mayor recaudación fiscal: empresas más estables generan más actividad económica y pagan más impuestos.
- Impulso al crecimiento económico: al mejorar el flujo de efectivo del sector que genera más del 60% del empleo, aumenta el consumo, la inversión y el producto interno bruto.
Esta realidad explica por qué numerosas Mipymes no fracasan por falta de clientes, sino por falta de liquidez. El flujo de caja es el oxígeno de cualquier empresa. Cuando el dinero no llega a tiempo, aumentan las deudas, se deteriora la capacidad de inversión y comienzan los despidos. Muchas empresas viables terminan cerrando simplemente porque quien les debía pagar no lo hizo oportunamente.
Por esa razón, numerosos países han aprobado leyes de pronto pago que obligan a las instituciones públicas y, en determinados casos, a las grandes empresas, a pagar las facturas de las Mipymes dentro de un plazo máximo, generalmente entre treinta y cuarenta y cinco días. Estas normas no representan subsidios ni privilegios. Lo único que hacen es garantizar un principio elemental de justicia económica: quien cumple con entregar un producto o prestar un servicio tiene derecho a recibir su pago en un tiempo razonable.
En la ley de seguros 146~02 tenemos un buen ejemplo que da buenos resultados cuando establece los plazos del pago de la prima de seguros en sus artículos 73… en adelante con la característica de que generalmente esos fondos van a favorecer el financiamiento de las operaciones de la aseguradora.
República Dominicana debería estudiar seriamente una legislación de esta naturaleza. Una Ley de Pronto Pago contribuiría a fortalecer la liquidez de miles de empresas, reduciría la necesidad de préstamos de corto plazo, disminuiría los costos financieros y permitiría que los recursos se destinen a invertir, innovar y generar nuevos empleos. Al mismo tiempo, enviaría una señal de seguridad jurídica que fortalecería la confianza entre clientes y proveedores.
Pero una política moderna de apoyo a las mipymes no puede limitarse únicamente al pago oportuno. También debe incluir mayor acceso al financiamiento productivo, simplificación de trámites, incentivos para la formalización, capacitación empresarial, digitalización, acceso preferencial a las compras públicas y programas que faciliten su participación en mercados internacionales.
Esta estructuración de desarrollo también tiene un efecto multiplicador a través de las cooperativas.
La experiencia internacional demuestra que las economías más resilientes son aquellas donde existe un amplio tejido de pequeñas y medianas empresas y cooperativas fuertes, innovadoras y financieramente saludables. Las grandes compañías seguirán siendo indispensables para atraer inversiones y competir en los mercados globales, pero ninguna nación puede aspirar a un desarrollo equilibrado si descuida al sector que genera la mayor parte del empleo y representa la principal vía de movilidad social para millones de ciudadanos.
Ha llegado el momento de que el país deje de considerar a las Mipymes y las Cooperativas, únicamente como beneficiarias de programas de asistencia y las convierta en el centro de una política de Estado orientada al crecimiento económico sostenible.
Una Ley de Pronto Pago, junto con un marco integral de apoyo a la productividad, sería una de las reformas de mayor impacto para fortalecer la clase media, crear empleos de calidad y aumentar la competitividad nacional. Porque proteger a las Mipymes y las Cooperativas no significa favorecer a un grupo empresarial; significa proteger el trabajo, la asociatividad, la producción y el futuro de la República Dominicana.
