La Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco) depositó este lunes ante la Cámara de Diputados un documento “técnico” que contiene propuestas de modificación a varios artículos del nuevo Código Penal para “fortalecer la seguridad jurídica, la libertad de expresión, la libertad de prensa y la coherencia constitucional del texto legal”.
Estas propuestas están sustentadas en un “amplio análisis jurídico” que reconoce los “avances” incorporados en la iniciativa oficial y formula “propuestas complementarias sobre aquellas disposiciones que aún pueden perfeccionarse para lograr un adecuado equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales” y los “bienes jurídicos protegidos por el Derecho Penal”, explicó la organización en un comunicado.
Adocco se mostró a favor de las “importantes modificaciones” que ha realizado el Poder Ejecutivo en artículos relacionados con la libertad de expresión y el interés público, particularmente en las disposiciones relativas a la difusión de contenido íntimo, los actos no considerados difamatorios o injuriosos y el delito de ultraje.
Estas modificaciones del Gobierno “representan pasos significativos hacia una mayor armonización del Código Penal con la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos”, explicó la organización.
No obstante, considera que “aún existen disposiciones que pueden beneficiarse de ajustes adicionales para completar ese proceso de perfeccionamiento legislativo”.
Las propuestas depositadas por Adocco comprenden artículos 186, 192, 194, 208, 211, 212, 234 y 310, “orientadas a fortalecer la protección del interés público, garantizar el ejercicio responsable del periodismo de investigación, precisar el alcance de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y consolidar la compatibilidad del Código Penal con la libertad de expresión reconocida por la Constitución de la República y los tratados internacionales suscritos por el país”.
Adocco precisó que sus recomendaciones “no persiguen eliminar responsabilidades penales ni crear privilegios para ningún sector”, sino “contribuir al perfeccionamiento técnico del Código Penal” mediante propuestas “fundamentadas en principios de técnica legislativa, proporcionalidad, seguridad jurídica y armonización constitucional”.
La organización recordó que “una democracia sólida requiere instituciones fuertes, una justicia independiente y una prensa libre capaz de investigar y divulgar asuntos de interés público sin afectar indebidamente los derechos fundamentales de las personas”.
En ese sentido, reiteró su disposición a participar en las mesas técnicas y en los espacios de diálogo que convoque el Congreso Nacional, con el “propósito de aportar al fortalecimiento del marco jurídico nacional mediante un proceso de discusión abierto, plural y sustentado en criterios técnicos”.
Además, expresó su confianza en que la Cámara de Diputados “evaluará las propuestas presentadas con el mismo espíritu de apertura y perfeccionamiento legislativo que ha caracterizado el actual proceso de revisión del Código Penal”, y expresó que “el fortalecimiento del Estado de Derecho constituye una responsabilidad compartida entre los poderes públicos y la sociedad civil organizada”.
Propuestas presentadas
Artículo 186: “Incorporar una exclusión expresa de responsabilidad cuando la divulgación responda al ejercicio legítimo del periodismo y exista un interés público prevaleciente”.
Artículo 192: “Perfeccionar la redacción para reforzar la protección del periodismo de investigación y precisar con mayor claridad el alcance de la excepción por interés público”.
Artículo 194: “Precisar el alcance de la responsabilidad penal derivada de la difusión de informaciones falsas, evitando afectar el ejercicio legítimo de la actividad informativa”.
Artículo 208: “Complementar la reducción de penas propuesta por el Poder Ejecutivo incorporando una remisión expresa a las garantías previstas en el artículo 211 cuando la información difundida sea de interés público”.
Artículo 211: “Mantener y fortalecer la protección de las expresiones relacionadas con corrupción, función pública y asuntos de interés público, garantizando seguridad jurídica para periodistas, ciudadanos y medios de comunicación”.
Artículo 212: “Armonizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas con las exclusiones de responsabilidad previstas en el artículo 211”.
Artículo 234: “Precisar la responsabilidad penal de las personas jurídicas para evitar que pueda extenderse indebidamente a empresas de comunicación que actúan en ejercicio legítimo de la libertad de información”.
Artículo 310: “Mantener la delimitación del delito de ultraje al ámbito jurisdiccional como garantía para la libertad de expresión y la crítica ciudadana fuera del proceso judicial”.
