En economía, una bancarrota ocurre cuando los compromisos superan persistentemente la capacidad de pago. Trasladada al agua, la metáfora es inquietante: una sociedad entra en bancarrota hídrica cuando consume, degrada o compromete sus recursos hídricos más rápido de lo que la naturaleza y sus infraestructuras pueden reponerlos, hasta erosionar parte de su capital hídrico: ríos, acuíferos, humedales, suelos y cuencas.
En 2026, un informe de las Naciones Unidas advirtió que en numerosas regiones ya no se está solamente ante crisis temporales de agua, sino frente a situaciones donde coinciden sobreexplotación, contaminación y deterioro difícilmente reversible del capital natural.
Para el caso dominicano ¿podría el país estar cerca de una bancarrota hídrica? No sería técnicamente responsable realizar una aseveración sobre esta interrogante; pero tampoco se puede asumir que nuestra disponibilidad de agua constituye una garantía permanente.
El recién presentado Plan Hidrológico Nacional 2025-2045 reconoce como desafíos el crecimiento poblacional, la contaminación procedente de actividades agrícolas, industriales y urbanas, el deterioro de las fuentes y una insuficiente cultura de conservación.
Una eventual bancarrota del agua en el país no necesariamente vendría de quedarnos sin agua. Podría surgir de algo más complejo: tener agua, pero no disponer de ella donde, cuando, en la cantidad y con la calidad necesarias.
Variabilidad climática, degradación de cuencas, contaminación de ríos y acuíferos, urbanización desordenada, pérdidas en los sistemas de distribución, insuficiente tratamiento y reúso de aguas residuales, baja eficiencia del riego y debilidades institucionales pueden combinarse hasta producir un déficit estructural. El problema, entonces, no sería únicamente de disponibilidad natural, sino también de gobernanza, infraestructura, eficiencia y comportamiento social.
Las consecuencias de una bancarrota del agua trascenderían ampliamente el sector agua. Menor disponibilidad elevaría los costos de producción agrícola e industrial, afectaría la generación eléctrica, limitaría nuevas inversiones, incrementaría los costos de los hogares y podría comprometer la competitividad del sector turismo. Para evitar el escenario anterior, se requiere pasar de administrar agua a gestionar seguridad hídrica.
Desde el lado de las políticas públicas significa implementar efectivamente el Plan Hidrológico Nacional 2025-2045, fortalecer la gobernanza por cuencas, proteger zonas productoras de agua, mejorar almacenamiento y saneamiento, reducir pérdidas, modernizar el riego, medir extracciones, proteger acuíferos y desarrollar sistemas confiables de información.
El sector privado, por su parte, debe asumir también que eficiencia hídrica es competitividad: medir su huella de agua, reducir consumos, reutilizar aguas tratadas, invertir en tecnologías eficientes e incorporar el riesgo hídrico en sus decisiones de inversión. Y se debe abandonar una contradicción frecuente: exigir agua permanente sin pagarla, mientras actuamos como si fuera infinita.
República Dominicana todavía dispone de una oportunidad extraordinaria: evitar la bancarrota antes de tener que administrarla. El agua debe comenzar a entenderse no solamente como recurso natural o servicio público, sino como capital estratégico para el desarrollo nacional.
