[dropcap]R[/dropcap]ecientemente, un informe de American Legal Media, una revista de temas jurídicos en los Estados Unidos, resaltó un caso que tuvo su origen en República Dominicana. El caso resulta interesante no solo porque es un caso que cruza fronteras, sino debido a algunos de los argumentos planteados en los tribunales estadounidenses, los cuales, en resumen, vienen a resaltar la desconfianza en el sistema judicial de nuestro país.
En este caso, la demandante, una ciudadana estadounidense, sufrió un accidente mientras utilizaba un zipline. Según el relato, el zipline se desprendió, y causó que la demandante cayera 40 pies y se fracturara la espalda en tres lugares. Luego de recibir tratamiento médico de emergencia en República Dominicana (cuyo tratamiento, a todas luces, parece haber sido satisfactorio), la demandante regresó a su país de origen.
Los abogados de la extranjera, en vez de demandar al operador del zipline en República Dominicana, demandaron a la empresa estadounidense que habría inspeccionado la misma y certificado su seguridad. Esta demanda fue incoada en el estado de Georgia, Estados Unidos, y no en República Dominicana.
La empresa demandada, como medio de defensa, argumentó que el tribunal de Georgia no era el foro apropiado para conocer de dicha demanda, sino que la misma debía ser conocida en República Dominicana. El argumento se fundamentaba en el hecho de que las pruebas se encontraban en el país, por lo que los intereses de justicia requerían que se conociera la demanda en nuestro país.
El tribunal en Georgia acogió el argumento planteado por la parte demandada, reconociendo que los testigos, el lugar del accidente, y el hecho de que un tribunal en Georgia no tendría potestad para obligar a testigos ubicados en República Dominicana a presentarse ante el tribunal, eran todos factores que incidieron en su decisión.
En cambio, los abogados de la demandante habían alegado que era ridículo esperar que un ciudadano estadounidense tuviera que demandar en República Dominicana a una sociedad estadounidense únicamente porque el hecho generador del daño ocurriese en este país. Igualmente, alegaron que era imposible hacer justicia en República Dominicana por su comprometido sistema de justicia.
En este sentido, nos parece que la decisión del tribunal del estado de Georgia fue correcta, y es positivo que el tribunal no se haya dejado presionar por el demandante y sus infundadas críticas del sistema judicial de nuestro país. Sin embargo, debemos continuar trabajando para reforzar el sistema y mejorar su imagen.
