[dropcap]I[/dropcap]ngenieros contratistas del sector público y privado, empresarios de la construcción, dueños de procesadoras de asfalto, granceras, fábricas de blocks y prefabricados iniciaron —desde la Unión Empresarial Dominicana (UED)— una lucha jurídica que busca que las autoridades hagan cumplir las leyes y una sentencia frente a la “imposición” y el “chantaje” a que recurre la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) para mantener como un imperio particular la movilización de la carga terrestre de los puertos y de toda la geografía nacional.
“Somos ingenieros, en su mayoría, en un 60%, porque somos los más afectados con el monopolio, la imposición y el chantaje que mantiene Fenatrado. En diciembre del año pasado hubo una sentencia por el proceso de amparo del Conep (frente los sindicatos) y la vimos como una ventana para una libertad que ha sido frustrada”, asegura el ingeniero Omar Simó, de la compañía Terramove y vicepresidente de la UED.
Simó visitó elDinero junto a Diorys Pol, de Transpol y Agregados Peravia, quien preside UED, y Joaquín Olivo, coordinador general, para explicar su objetivo al organizarse.
El Tribunal Superior Administrativo acogió una acción de amparo con la que el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y más 80 organizaciones empresariales buscaron poner fin al monopolio de los “sindicatos” en el transporte de carga y pasajeros.
En su decisión del 15 de diciembre de 2016, el tribunal ordenó, entre otras medidas, que el Ministerio de Trabajo aplique la Ley 578-65, “en el sentido de velar por que no se establezcan monopolios en provecho de particulares en los trabajos de carga o descarga de buques o naves de cualquier naturales en los distintos muelles y puertos del país, así como de las operaciones de transporte de mercancías efectuadas en los mismos por efecto de las funciones puesta a su cargo”.
También dispuso que el Ministerio de Industria y Comercio se apegue a su Ley Orgánica (número 290-66) y proceda a “dictar y vigilar el cumplimiento de normas que garanticen la libre competencia y los niveles de precios, preservando en favor del mercado común, un régimen de competencia efectiva en el aspecto comercial del sector transporte de mercancías, conjuntamente con la demás instituciones facultadas por las distintas leyes relacionadas”.
Diorys Pol asegura que las granceras se acostumbraron, por imposición de los gremios, a dividir el 50% de sus cargas con la Fenatrado, organización encabezada ahora por el diputado Ricardo de los Santos. El congresista funge como presidente interino en sustitución de Blas Peralta, condenado a 30 años de cárcel por el crimen de Mateo Aquino Febrillet, un exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) que al momento de ser asesinado, el 11 de marzo de 2016, buscaba la senaduría de San Cristóbal por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
La instancia presentada por el Conep explica que la organización de Blas Peralta agrupa unos 120 sindicatos de transporte de carga que deben pagarle por la afiliación y un porcentaje de sus beneficios. “(…) para los sindicatos, el principal atractivo de pertenecer a Fenatrado consiste en que dicha organización asegura que sus afiliados tengan participación constante en la movilización de la carga generada en todo el territorio nacional”, dice la instancia instrumentada por un grupo de abogados encabezados por Eduardo Jorge Prats.
“Entendíamos que era una norma (ceder la mitad de la carga al gremio de Blas Peralta) y como todo el mundo lo dejaba pasar. Ellos nos presentaban una resolución del Ministerio de Obras Públicas argumentando que era legal. Pero cuando comenzamos a investigar, Obras Públicas e Industria y Comercio dicen que la certificación no existe”, explica Pol.
“El Conep logró una sentencia, que no se ha cumplido, y cuando salimos en enero a trabajar nos enteramos que la cosa sigue ‘igualita’”. Cuenta que tiene siete camiones y que tenía un trabajo de asfaltado en el kilómetro 22 de la Autopista Duarte y Fenatrado le bloqueo los vehículos por dos días.
“Puse una querella, me mandaron a donde un coronel y la respuesta fue que el coronel me llevó a una reunión a Fenatrado para mediar. No tuve otra opción que darle parte de la carga, 50%, a Fenatrado, ¿tú sabes la impotencia que me trajo eso? Ahora tenemos varias demandas contra Fenatrado, en Santiago, Higüey, Baní, Barahona y en Cotuí”, dice Diorys Pol.
La UED espera que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) cumpla su responsabilidad y regule el transporte de carga. La entidad difundió un estudio reciente en el que plantea que el 80% del transporte de mercancías está bajo el dominio de la Fenatrado.
“Si bien es cierto que las empresas podrían optar por la adquisición de su propio equipo de transporte, tienen la limitación de hacerlo, debido a las barreras artificiales creadas por los agentes de ‘sindicatos’, restringiendo así, cualquier presión competitiva que deba primar en un ambiente de competencia”, dice.
ProCompetencia señala que, en el esquema de dominio actual de la Fenatrado, todos los transportistas de mercancías y las empresas deben afiliarse a un gremio, “ya que se ven obligados por los ‘sindicatos’ y/o federaciones a elegir únicamente de los operadores afiliados para contratar el servicio de transporte de carga”. El costo de afiliación, en el puerto de Haina puede ser de hasta RD$200,000 para un gremio grande. “En el puerto de Caucedo se puede pagar una inscripción de RD$500,000 a RD$800,000 al año. Adicionalmente, los transportistas deben pagar a los “sindicatos” una mensualidad, y cumplir una cuota de viajes”, añade.
Demandan acción
Omar Simó asegura que “Fenatrado siempre ha ido a las obras de nosotros de manera avasallante, chantajista, a quitarnos el trabajo”. Como contratista, opera en el Gran Santo Domingo. “Cuando voy a hacer un camino vecinal uso mis camiones volteos, pero Fenatrado se me impone. Tengo cuatro camiones volteos y cinco de trailers para mover mis equipos y no los puedo usar porque a Fenatrado hay que darle 50% (del trabajo). O sea yo puedo usar los míos, si tengo que ‘tirar’ 20 viajes tengo que contratar diez con el sindicato”.
Fenatrado tiene 92,000 afiliados, con unos 22,000 camiones. Simó alega que la federación encarece los costos porque si, por ejemplo, el Estado va a reparar una avenida tiene que aceptar la tarifa que imponga el gremio de Blas Peralta, debido a que en una licitación para remover material el contratista tiene que ofertar el servicio tomando en cuenta el precio que cobrará el sindicato por mover el 50% de la carga, “sin tener que esforzarse en conseguir el contrato”.
En sus conversaciones con el diputado De los Santos, la UED asegura que lo exhortó a competir en igualdad de condiciones y que deje a los contratistas contratar en libertad a los camioneros más competitivos, incluyendo a los de la Fenatrado.
“No es que porque un camionero pertenezca a la UED le vamos a dar trabajo. Si alguien tiene un trabajo y quiere contratar a un integrante porque le conviene el precio, pues bien, y si quiere contratar a Fenatrado, que lo haga. La idea es que esto sea libre y que la carga se libere”, dice Diorys Pol.
“Pero Ricardo de los Santos nos dice que en sus manos no va a caer Fenatrado, que él está en la obligación de que eso se mantenga, que su poder no merme. Le dijimos que someta, como legislador, un proyecto de ley que diga que el 50% de la carga es de Fenatrado, que si lo aprueba lo vamos a respetar, pero que no nos venga con una ilegalidad”, añade.
Los miembros de la UED recuerdan varios incidentes en los que miembros de la Fenatrado obstruyen sus obras, como sucedió con la remodelación de una estación de combustibles del kilómetro 18 de la autopista Duarte y con un movimiento de tierra en Villa Mella.
También en la mina de yeso de La Lista, en Cabral, Barahona, donde los camioneros de un sindicato bloquearon la vía durante varios días. En La Jagua, San Cristóbal, sucedió lo mismo. Simó explica que la empresa Malespín transportaba material hacia Los Cocos para reparar unos caminos y, además del 50% de la carga, los afiliados a la Fenatrado exigían RD$1,200 por metro cúbico, aunque el contratista concertó un acuerdo que sólo le permitía recontratar a RD$800.
Simó lamenta que incidentes similares se produjeron en mayo con una planta de asfalto ubicada en el kilómetro 24 autopista Duarte. “Había poca producción y el cliente iba a cargar con sus camiones, pero se lo impidieron”. Lo mismo ocurrió en Azua y en el Parque Industrial Duarte, de La Guayiga, Pedro Brand, a la empresa Altamina.
En todos los casos, la UED procede a someter a los choferes responsables de obstruir los trabajos por violación a la Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, del 24 de febrero de 2017.
La ley garantiza el “servicio propio de transporte de carga” a los propietario de mercancías, así como la “libre competencia”. También protege “el derecho de todos a ingresar, participar o egresar del mercado de proveedores de servicios de transporte de pasajeros y carga”.
Un conflicto entre la UED y la Asociación de Camioneros de Cambita Garabito culminó en un acuerdo, validado por el Ministerio Público, en el que los afiliados a la Fenatrado se comprometen a actuar bajo “el respeto y el orden” a cambio de que se retiren las acusaciones a sus miembros por violación a Ley 63-17, que crea Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
En represalia, el diputado Ricardo de los Santos emitió un memorándum en el que suspende la Asociación de Camioneros de Cambita Garabito. Alega que sus dirigentes violaron las resoluciones estatutarias de la Fenatrado, “al hacer acuerdo con instituciones que son incompatibles con esta federación”.
Pedir permiso a la Fenatrado
Joaquín Olivo asegura que “nos hemos reunido con Ricardo de los Santos. Le hemos dicho de una forma democrática que no tenemos problemas de que Fenatrado participe en los trabajos que hacemos; ahora, sin imposición”. “O sea, que si yo tengo un trabajo donde voy a usar diez camiones, yo tengo ocho en mi compañía, le pido dos, pero cuando yo necesite diez voy a pedirle diez. Que se abstenga a eso, pero él entiende que no, que yo tengo que pedirle permiso a él antes de arrancar el trabajo”.
Cuenta que tuvo un contrato para retirar tierra en la construcción del Palacio de Justicia de Santo Domingo a RD$215 por metro cúbico excavado, botado y regado y, “a mí, directamente Blas Peralta, me impuso RD$195”. “Yo no podía pagar más de RD$140 porque tenía que excavar, botar y regar el material a RD$215 el metro”, dice. “Al final, después que me senté con Blas Peralta, con lágrimas en los ojos, me lo bajó a RD$185. Tenía 22 camiones y le incluí la mitad a ellos y tuve que buscar un préstamo de dos millones de pesos para pagar a Fenatrado”.
La seguridad
La sentencia de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo ordena al Ministerio de Defensa que, como autoridad superior de los cuerpos de seguridad del país, “asegurar a las personas físicas y morales el retiro, depósito y transporte terrestre de efectos y mercancías desde las aduanas y puertos del territorio nacional, hasta su destino final, haciendo uso de vehículos de su propiedad o de particulares resguardando la integridad de toda persona física o moral que precise realizar estas actividades así como de las propiedades, con la finalidad de que los mismos se vean perturbados por este tipo de actividad y las propiedades no reciban ningún daño”.
