La lucha por el 4% del producto interno bruto (PIB) para la educación ha sido una de las epopeyas más importantes de los últimos años en República Dominicana. Se demostró el poder que tiene la ciudadanía cuando se une tras un propósito. Todos los candidatos a la Presidencia de la República, para las elecciones de 2012, se vieron obligados (o presionados) a firmar un compromiso para aplicar la Ley General de Educación 66-97, que había sido echada a un lado por todas las administraciones anteriores.
Desde el Presupuesto de 2013 la educación dominicana, en el nivel preuniversitario, recibe el 4% del PIB. Al finalizar este 2018 habrá recibido, acumulados, RD$754,000 millones en este período. Es una cifra respetable y que, por ende, llama la atención de aquellos a los que pudiera no interesarles tanto la calidad de la educación, que fue el discurso que se enarboló para lograr la aplicación de la Ley 66-97, sino el impacto económico que tiene esta legislación.
El Ministerio de Educación, que preside Andrés Navarro, ha impulsado un proceso de mejoras en la operatividad del sector educativo, el cual se inició con la selección de directores regionales mediante concursos. De esta forma se busca dejar atrás la vieja práctica de alcanzar posiciones de dirección por las relaciones políticas. Sin duda, es una forma de apostar a una mejoría en la calidad de la educación. La burocracia pesada no hace más que ralentizar los procesos.
Navarro está decidido a echar hacia adelante porque está convencido de que este tipo de acciones son esenciales para la mejora de la calidad de la enseñanza-aprendizaje en el sistema educativo.
En contraposición a este proceso está la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en una posición que no logra encajar con el propósito que, incluso, defendió durante el proceso de lucha que lideró la ciudadanía por el 4% entre 2011 y 2012. La actitud de los docentes, a juzgar por lo que se ha ventilado, parece una contrarrevolución al proceso de transformación necesario y útil del sistema educativo. No hay una fórmula que mejore la calidad de la educación si no se logra un cambio de visión de quienes lideran el proceso.
Por suerte, el ministro de Educación sabe que no está solo en esta cruzada. La sociedad está a favor de una mejoría de su sistema educativo y esto habrá de hacerse cueste lo que cueste y pésele a quien le pese. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Asociación de Industrias, Acción por la Educación, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Fundación Institucionalidad y Justicia y otras entidades han dado su respaldo oportuno a este proceso. Estamos seguros que el presidente Danilo Medina es el principal abanderado.
“Reconocemos la educación como un elemento fundamental para nuestro progreso y desarrollo como país. Por eso queremos resaltar que se ha agotado un proceso competitivo riguroso, que en esta primera etapa ha permitido la selección de 18 funcionarios de alto perfil y competencia”, destacó Pedro Brache, presidente del Conep, a propósito de la fricción entre Educación y la ADP.
Destaca que el Conep, a través de Educa, ha dado seguimiento a las transformaciones en el sistema educativo y confía en que este proceso competitivo, que procura la selección de los recursos humanos idóneos para cada puesto, se continúe realizando de manera permanente.
Estamos seguros que no habrá marcha atrás ni acuerdos extraoficiales. La ciudadanía se dará cuenta y valorará en justa dimensión lo que suceda de ahora en adelante.
