Miles de empleados públicos se lanzaron este miércoles a las calles de San José para protestar contra una reforma tributaria que se tramita en el Congreso y que consideran que llegaría a empobrecer a la clase media y baja.
“Que el rico pague como rico”, “Abajo el plan fiscal que empobrece el pueblo”, “El paquete fiscal le cobra el pueblo lo que los ricos se roban”, “Fuera proyecto abusivo que nos empobrece”, era lo que se podía leer en las pancartas que llevaban los protestantes, que recorrieron pacíficamente el centro de la capital costarricense.
Cientos de banderas, cánticos, música y hasta una comparsa acompañaron a los trabajadores que desde las 10:00 de la mañana salieron del parque La Merced, en el corazón de la capital, y luego caminaron hasta la Asamblea Legislativa.
La huelga de trabajadores afectó el servicio de tren en todas las estaciones, escuelas fueron cerradas, varios servicios municipales sufrieron atrasos, mientras que el servicio de salud suspendió varias áreas y solamente atendieron emergencias.
Aún las autoridades no han cuantificado la afectación en los servicios, pero la Caja Costarricense del Seguro Social afirma que ha sido “parcial”.
Los líderes sindicales, que fueron quienes convocaron a la manifestación, explicaron que piden la apertura de una mesa de diálogo con todo el sector social, ya que están dispuestos a discutir los impuestos, pero no a ser los únicos que paguen.
“Este paquetazo tiene que dejar por fuera a las clases más pobres, porque a quien le están cobrando impuestos es a todos los asalariados y esto tiene que estar más equilibrado”, expresó a Efe el presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Gilberto Cascante.
“Si realmente se tiene que cobrar más impuestos por la necesidad del país que nos cobren a nosotros, pero también a los que evaden y a los que eluden”, agregó.
La protesta es contra el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, una reforma tributaria que los sindicatos rechazan debido a que consideran que afectará en mayor medida a las clases medias y bajas, así como a los asalariados del sector público.
El proyecto de ley tiene como principal iniciativa la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) con la misma tasa, pero que aumentará la cantidad de productos y servicios por gravar.
“Queremos que esto sea más equitativo es lo que le estamos pidiendo al presidente. Se le gravan los ahorros a la gente más pobre, pero no a los ricos que tienen sus ahorros fuera del país. Esto perjudica los derechos de las personas sus pensiones, los dividendos, es una injusticia”, afirmó Cascante.
La iniciativa también contiene una regla fiscal para controlar el gasto y reducciones en pluses salariales en el sector público como las anualidades y modificaciones en otros que se otorgan por rendimiento del trabajador.
Otros puntos de la reforma son cambios en el impuesto sobre la renta para que las personas con mayores ingresos contribuyan más, así como la renta de capital.
“Todos los gremios sindicales nos unimos para esta lucha. El problema es de tal magnitud que esto (más impuestos) no lo va a resolver y le van a hacer daño a los que menos responsabilidad tienen con el problema fiscal”, destacó el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas.
Vargas añadió que el “robo de impuestos” en Costa Rica es 8.5 puntos del producto interno bruto (PIB), mientras que la deuda pública es “tan perversa” que cada dos horas el Gobierno tiene que destinar 3,900 millones de colones (6.8 millones de dólares) a pago de intereses.
“Con este paquete no se arregla esto. Primero hay que ver la evasión. No podemos dejar que este paquete pase, porque la deuda no va a bajar y los intereses siguen altos”, manifestó el líder sindical.
El Gobierno y organismos internacionales han advertido que el creciente déficit fiscal y la deuda son grandes amenazas para la estabilidad económica del país y que deben ser resueltas con urgencia.
La deuda en el 2017 se ubicó en el 48 por ciento del PIB y mantiene una tendencia al alza.
Costa Rica cerró el 2017 con un déficit fiscal del 6.2% del PIB, que sin reforma alcanzará el 7.1% en 2018, según las proyecciones oficiales.
