La paralización de los proyectos de infraestructura por los casos de corrupción es un dilema que hace cada vez más pobre a Latinoamérica, por lo que se deben adoptar nuevos mecanismos para evitarlo, dijo este martes el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno.
El estancamiento en la mayoría de los casos se debe a que se impone la nulidad de los contratos de las obras en ejecución, una sanción que afecta tanto a “justos como a pecadores”, declaró el alto ejecutivo que participa de un foro de transparencia en Panamá.
“En casi la mitad de los países de la región hay investigaciones en marcha por la corrupción en proyectos de obras públicas, además un número importante de políticos y empresarios de la construcción cumplen procesos penales, y varios de ellos condenas”, expresó.
Moreno indicó que la transparencia e integridad actualmente son una máxima prioridad en la agenda política de la región, pero el ejercicio de la penalización no deja de ser difícil e indispensable para las democracias.
“La principal consecuencia de esta crisis es que muchos de los países han paralizado inversiones, y de la mano, la ejecución de muchos proyectos de obras publicas, esto es grave porque necesitamos modernizar nuestra infraestructura para desarrollarnos y tener más productividad”, manifestó.
El directivo explicó que Latinoamérica tiene que invertir un 5 por ciento del producto interno bruto (PIB) en infraestructura, pero en las últimas dos décadas solo se ha realizado la mitad; sin embargo, expuso que países de Asia invierten un 8 por ciento de su PIB.
“No solo nos estamos quedando atrás, la paralización de las obras nos esta haciendo más pobres”, advirtió Moreno en la inauguración del I Foro para Fortalecer el Diálogo Regional en Materia de Transparencia en la Inversión y Proyectos de Infraestructura.
Citó como ejemplos de paralización por casos de corrupción a naciones como Colombia, que cuenta con varios proyectos valorados en millones de dólares que no han sido terminados por estar en procesos de litigios.
De igual forma está Perú, cuyo Gobierno calcula que hay proyectos pendientes de ejecución por más de 9,000 millones de dólares, a la vez contabilizan la perdida de miles de empleos y decenas de empresas en quiebra.
En el caso de Brasil, las obras paralizadas por irregularidades totalizan unos 27,000 millones de dólares, una cifra que supera el PIB de un país como El Salvador.
“Estas paralizaciones se producen porque la mayoría de los países exige que ante hechos de corrupción en obras públicas se anulen los contratos, el principio es claro, la corrupción no debe ser rentable; el problema es que la nulidad trae consigo un efecto derrame que castiga a muchas personas”, señaló Moreno.
Enfatizó que para salir de esa trampa se deben hallar respuestas complementarias a la nulidad que castiga a los corruptos, pero que también permita la continuidad de las obras.
El presidente informó de que el BID presentará mañana viernes, un informe con las recomendaciones de expertos para abordar la transparencia y la corrupción en los proyectos de construcción. En el documento recomiendan esquemas para separar la parte dañada de contrato, sistema de contraloría social, y sanciones.
“Nuestro objetivo es analizar el impacto económico de esta crisis y buscar respuesta que sirva para remediarla y prevenirla (…), la infraestructura no es solo clave para el desarrollo de economías, sino una herramienta indispensable para mejorar vidas, y ningún país puede darse el lujo para mantenerlas paralizadas”, reflexionó Moreno.
Junto a Moreno asistió al evento el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel De Saint Malo de Alvarado, la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell y la gerente del BID para Centroamérica, México, Panamá, República Dominicana y Haití, Verónica Zavala.
