Juan José es un micro empresario formalizado. Tiene una empresa de servicios generales y en su nómina cuenta con dos empleados que devengan el salario mínimo y cotizan a la seguridad social: una secretaria que hace las veces de conserje, recepcionistas y todo lo demás; y un mensajero, que hace las veces de su ayudante.
Jesús Manuel es un plomero de la economía informal, generalmente “pica” entre 60,000 y 80,000 pesos mensuales. Él tiene su esposa, desempleada y cuatro hijos, entre los que hay uno que padece una enfermedad de las llamadas “catastróficas”.
El tratamiento para cubrir la dolencia de su hijo menor cuesta cerca de dos millones de pesos al año. Como trabajador informal, Jesús Manuel no tiene seguro médico y tampoco su esposa e hijos.
Con frecuencia, cuando Jesús Manuel consigue algún encargo de plomería donde le reclaman factura con número de comprobante fiscal (NCF), él pide a su amigo Juan José que le haga la factura a nombre de su empresita, que le descuente el 18% de impuestos, la parte del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y una comisión por el favor prestado.
Así, Jesús Manuel puede ofrecer servicios a la formalidad y seguir trabajando en la informalidad, con ingresos que superan por mucho el promedio salarial de los trabajadores formales, la ventaja de que no paga impuestos, pero con la desventaja de que no cuenta con protección social (salud) para él y su familia.
Sabemos que en la formalidad laboral se aplican pagos de empleador y empleado para Seguro Familiar de Salud (SFS) y plan de pensiones. El empleado aporta 6% de su salario y el empleador el 14% del monto salarial, para un total de 20% del sueldo de que se trate.
Como el salario mínimo es cercano a los 10,000 pesos mensuales, Jesús Manuel le ha propuesto a su amigo Juan José que lo incluya en su nómina como “empleado” no remunerado. A cambio, él le dará los casi 2,000 pesos que debería depositar Juan José en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) por el pago de seguro de salud y plan de pensiones de un empleado con ese sueldo (6% + 14% = 20%).
De esa forma Jesús Manuel ha podido incluirse en el plan básico de salud del régimen contributivo, así como a su esposa y sus cuatro hijos, con la ventaja de que el cuarto de sus vástagos ahora está recibiendo la cobertura de un millón y medio de pesos de la enfermedad que padece, sin que él deba aportar un centavo, pues su condición de asegurado lo cubre.
El caso de Jesús Manuel es conocido entre trabajadores informales con situaciones similares: algún hijo o cónyuge con problemas serios de salud y la necesidad de entrar a un plan de salud efectivo como es (con sus defectos) el plan básico del SFS.
Ahora Juan José, con una pequeña empresa de dos empleados, tiene en nómina, cotizando a la TSS, 42 trabajadores. De esa cantidad, 40 son empleados “ficticios”, que le dan cada mes el monto a aportar a la TSS más una comisión de 1,500 pesos mensuales.
Juan José se agencia un aporte limpio de 60,000 pesos mensuales fuera de sus actividades micro empresariales. Suficientes para cubrir los salarios de sus dos empleados y le sobran casi dos tercios como ganancia.
A cambio, el plan básico de salud beneficia a esos 40 informales “formalizados”, con sus respectivas familias que en promedio suman 160 beneficiarios entre parejas e hijos, incluidos los costosos tratamientos que cubre el SFS a los miembros que lo requieran.
Esa práctica, que pudiera ser frecuente en la seguridad social, no implica evasión a la TSS, pero sí una carga adicional de costos al sistema, además de que se estarían reportando como empleados formales una cantidad de trabajadores informales.
¿Qué tan frecuentes son esos casos? ¿Tiene la TSS constancia de empresarios que estarían incluyendo en sus nóminas a personas que no son empleados a cambio de una comisión adicional al aporte de seguro y pensiones que hacen? Esa también es una forma de sobrevivencia de trabajadores informales que ganan más que los de la formalidad.
Continuaremos con el tema.
