Tratamos someramente el tema de la metrología en general y queda claro que el sistema nacional de medición debe asegurar la precisión y la confiabilidad de las mediciones que se realicen en el territorio nacional. Nos referimos a mediciones apropiadas, esto es, sujetas a una cadena de trazabilidad o comparación de patrones de trabajo y secundarios nacionales con los de mayor exactitud metrológica, no importa dónde estén localizados.
Ilustremos la importancia de la garantía estatal de mediciones, que es el caso de la metrología legal (una de las ramas de la metrología junto a la industrial y la científica y aplicada). Ella tiene que ver con dos ámbitos de trabajo interrelacionados, a saber: 1) el control metrológico de los instrumentos de medición que son utilizados en actividades comerciales, industriales, agrícolas, de salud, seguridad, investigaciones administrativas o judiciales, u otras que puedan tener un impacto en la protección al consumidor, y 2) la verificación de los productos preempacados o medidos, es decir, todos los casos en que la cantidad entregada al consumidor sea la anunciada.
De paso digamos que la garantía a los consumidores de que los valores reportados por los instrumentos de medición en todo tipo de transacciones legales están efectivamente dentro las tolerancias especificadas en los reglamentos vigentes, constituye una de las grandes tareas pendientes desde que se fundara en mayo de 1977 (Ley No. 602-77 derogada por la Ley No. 166-12) el Sistema Nacional de la Calidad, el cual tuvo durante todo ese largo período (1977-2012) como epicentro institucional a la antigua Digenor.
Si hiciéramos una investigación o evaluación imparcial exclusivamente en el caso de básculas (balanzas), utilizadas para el pesaje de camiones con una carga máxima de 30 o 40 toneladas, comprobaríamos que la falta o deficiente verificación es realmente aprovechada para manipularlas, ocasionando enormes ganancias para unos y pérdidas consolidadas importantes para otros. Sin ánimo alguno de exagerar, entre el 50% y el 60% de los casos de pesada de camión en bruto (camión + carga) estaría por debajo de su peso real y la llamada pesada de “tara” o de camión vació indicaría un peso mayor.
Si bien se pueden advertir algunos avances en materia de metrología legal, lo recomendable es que el gobierno apoyara un programa nacional en el que se analizaran las pérdidas sin la correcta verificación, con un determinado error permitido en un primer horizonte temporal de un 0.67%, luego en un segundo de un 0.2% y en un tercero de un 0.1%. Obviamente, estamos suponiendo que el país dispone de una infraestructura nacional de medición trazable al Sistema Internacional de Unidades (SI) y que también cuenta con los patrones de trabajo básicos de la metrología legal, además de la competencia técnica requerida (verificadores y otros responsables de alto nivel profesional y experiencia técnica), bien pagados y, sobre todo, honestos.
Nadie debe asombrarse al saber que “…la revisión, verificación, reajuste y disminución de la incertidumbre en la medición rinden resultados económicos positivos tanto a nivel empresarial como macroeconómico, contribuyen a la transparencia de las transacciones comerciales y pueden impactar directamente en los ingresos y bienestar del consumidor” (Ver: Göthner, Karl-Christian, y Rovira, Sebastián, 2011).
En concreto, un ejercicio sistemático y responsable del tipo que proponemos tendría muchos ganadores en términos de reducción de pérdidas por malas mediciones, como son, los pequeños y medianos productores, las plantas industriales medianas y grandes, los acopiadores de granos, las recaudaciones fiscales –con los incrementos marginales resultantes se podrían financiar gastos puntuales para el perfeccionamiento de la misma infraestructura nacional de calidad– y también, en el caso que nos ocupa, los fabricantes y reparadores de balanzas, entre otros.
