Administrar un Estado con necesidades insatisfechas resulta un reto para cualquier gobierno. República Dominicana ha sido ejemplo de crecimiento económico en América Latina, pero no en la distribución de esa riqueza. No es un secreto que hay incredulidad respecto a las cifras que se publican sobre la expansión anual del producto interno bruto (PIB), lo cual, por supuesto, tiene algo de lógica si se analizan las características sociales y económicas de una gran parte de la población.
Sin embargo, las cosas que no funcionan correctamente en un país, desde el punto de vista del rol que debe jugar el Estado, sólo tienen a un responsable: los que han gestionado su futuro. No aplicar determinadas políticas públicas ha costado mucho. La Ley de Educación es sólo un ejemplo, pues desde su aprobación en 1997 han pasado dos decenios, tiempo suficiente para generar cambios en una sociedad.
Si la ciudadanía está reacia a pagar más impuestos es porque no cree en la dirección que tomarán esos recursos. Los que han gestionado el Estado han sido negligentes en tomar las decisiones políticas necesarias para generar las transformaciones sociales que demanda República Dominicana. Por suerte, aún hay tiempo para hacerlo.
Si año tras año los gobiernos se han visto en la obligación de financiar el déficit presupuestario, emitiendo deuda a través de bonos soberanos, se debe, fundamentalmente, a la no aplicación de políticas fiscales coherentes. Sin duda, ha habido una dejadez en revisar la calidad del gasto y esto, por supuesto, está relacionada con una cultura de irresponsabilidad alimentada por los compromisos partidarios que se asumen. Además, y hay que admitirlo, nadie ha querido asumir el sacrificio político e histórico de hacerlo.
Discursos van y discursos vienen desde todos los estamentos sociales y económicos, pero a la hora de verdad no se toman las decisiones fundamentales en términos de mejoría en los ingresos fiscales. Las leyes que más rápido pasan en el Congreso Nacional son las que agregan gasto al Estado. En estos días ha habido ejemplos sobrados. Nadie, absolutamente nadie, quiere asumir el sacrificio. Hay políticos que asumieron la gestión pública como una profesión y no como un honor ante el Estado. No se imaginan fuera de ella, pues simplemente no sabrían de qué vivir.
El tiempo pasa y pasa. Entre 2015 y el cierre de 2018 la deuda del sector público no financiero (SPNF) pasó de US$24,153.7 millones a US$32,157.9 millones, es decir, US$8,004.2 millones más en apenas tres años, equivalente a un 33.1%. En promedio, el incremento anual fue de US$2,668.1 millones. Sube el endeudamiento, pero los ingresos y la calidad del gasto no mejoran. Hay que hacerlo algo.
