Una de las cosas que se le critica a la economía dominicana es su incapacidad de generar los empleos suficientes -y decentes- en la misma medida en que esta crece y se expande. Es decir, no existe el esperado derrame que debería tener el crecimiento de la economía hacia los sectores marginados y vulnerables.
Frente a esta realidad, siempre surgen respuestas alternativas que van desde la aparición de la informalidad, fenómeno expandido en todo el mundo, hasta la creación de sociedades cooperativas que aportan al desarrollo sostenible en diferentes vías y direcciones.
En consecuencia, a estas sociedades se les atribuye una “gran capacidad para resolver las nuevas necesidades sociales que han aparecido en los últimos decenios, y han originado la revitalización de la economía social (Chaves y Monzón, 2007, citados Puentes y Velasco, 2009).
Pero a las sociedades cooperativas se les abroga un papel mayor en la búsqueda del desarrollo económico y social; se les tiene también como los nuevos yacimientos de empleos, es decir, que tienen la posibilidad de generar esa economía solidaria, según Puentes y Velasco, que permite unificar empleados, familia, comunidad y sociedad en general en torno al propósito de mejorar la calidad de vida vía la creación de empleos y la dotación de mayores ingresos.
Según datos recopilados, las cooperativas en el mundo emplean a más de cuatro millones de trabajadores, al tiempo que agrupan a casi 150 millones de socios.
En el caso dominicano, y a partir de los datos que ofrece el Banco Central de la República Dominicana, el total de activos del sector cooperativo rondaba los 117,000 millones de pesos en el año 2017, lo que representaba cerca del 7% de todos los activos del sistema financiero dominicano, superando con esto tanto a las asociaciones de ahorros y préstamos, a los bancos de ahorro y crédito y a las corporaciones financieras.
De lo anterior, ha surgido la necesidad de que en el país se regulen las operaciones de las sociedades cooperativas que realizan intermediación financiera, es decir, que captan recursos de terceros a través de diferentes modalidades, y otorgan créditos a socios y no socios.
Al mismo tiempo, se ha propuesto la creación de una superintendencia que lleve a cabo esa labor de supervisión de las cooperativas, quedando estas bajo la sombrilla reguladora de la autoridad monetaria y financiera. Ahora bien, sería importante que a las cooperativas se les viera más con el ojo del aporte económico y social que realizan a las comunidades en donde se desarrollan, y no con la vara de cumplimiento de los indicadores del sistema financiero.
En definitiva, lo que estamos proponiendo es que al momento de medir el desempeño de este tipo de sociedades, y de su consecuente regulación, se piense más en los yacimientos de empleos que han descubierto, así como por su rol de fomentar y promover la economía solidaria sobre todo a nivel rural que es donde la pobreza tiene su mayor guarida.
