Santo Domingo.- La “Propuesta gubernamental para un sistema eléctrico confiable, eficiente, transparente y sostenible”, elaborada para dar paso a los trabajos del Pacto Eléctrico, está enfocada en hacer cumplir disposiciones y objetivos que desde hace años están previamente establecidos y que no se cumplen, aunque están plasmados en la Ley 125-01 de Electricidad.
“Mejorar”, “ampliar”, “continuar”, “revisar”, son las palabras más comunes en el documento de 12 páginas que será presentado en la tarde de este lunes 19 de enero ante los participantes que han sido convocados para el Pacto Eléctrico que ha de diseñar las estrategias a seguir hacia el período 2015-2030.
El documento ratifica el carácter público del área de transmisión eléctrica y enumera todas las fallas en que ha incurrido el Estado en perjuicio de las fuentes de ingresos de la Empresa de Transmisión para poder hacer las inversiones que requiere.
También hace referencia a la posibilidad de que el sector privado siga participando en los planes de inversión en generación, así como en los pasos que se requieren para que el área de distribución funcione de forma efectiva, cobrando por el servicio, enfrentando el fraude eléctrico, aplicando subsidios tarifarios focalizados hacia los más pobres y realizando las inversiones que se requieren en las redes y sistemas de medición.
Para la Superintendencia de Electricidad (SIE) y la Comisión Nacional de Energía (CNE), el documento de propuesta gubernamental prácticamente se limita a que se cumplan sus funciones de manera efectiva tal como lo establece la Ley 125-01, con lo que se admite que sus funciones han sido violentadas constantemente por las autoridades de turno durante los últimos 14 años.
La propuesta se enfoca en las áreas donde se requieren mejorías e inversión (generación, trasmisión y distribución).
Se menciona la necesidad de revisar algunas concesiones de instalación de redes de transmisión que se han hecho a empresas privadas, lo cual es violatorio de la ley, además de que también se requiere una revisión de l forma en que se calculan los costos en el consumo de electricidad y uso de suelo entre las empresa distribuidoras y los ayuntamientos locales.
Pero hay poca referencia a la forma en que se reducirán los costos operativos de las distribuidoras Edenorte, Edesur y EdeEste, pues no hay planteamientos sobre sus excesivos gastos de nómina, la falta de transparencia en las operaciones de las empresas contratistas para ofrecer servicios, ni los controles que se requieren para evitar que los mayores fraudes provengan de complicidades entre los que cometen fraudes y personal interno o vinculado a las distribuidoras.
Pero el documento es solo para el punto de partida, por lo que se espera que en lo adelante, con la recepción de propuestas de los participantes, surjan nuevas ideas en procura de la mejora y solución definitiva al problema eléctrico que el año pasado le costó US$1,260 millones al Estado dominicano, según estimaciones de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
