La importancia del sector asegurador en la economía de cualquier país no está en discusión. Sólo hay que imaginarse qué pasaría si una tragedia provocada por algún fenómeno natural, accidente de tránsito, salud, incendio, inundación o la que fuere, llega a la vida de una familia sin tener la adecuada protección de alguna póliza de seguros.
Los casos de quiebras o bancarrota, incluso con el fallecimiento por una enfermedad catastrófica o un accidente de tránsito que deja postrado a un ser miembro productivo de la familia, son frecuentes. Sin embargo, cuando se analiza el contexto en que se desarrolla el sector asegurador dominicana es evidente que hay mucho campo para la expansión, especialmente porque la mayoría de las pólizas son obligatorias.
La cultura del seguro aún no está arraigada en gran parte de los dominicanos, ya sea porque piensa que jamás le pasará algún imprevisto de consecuencias económicas insostenibles o porque, simplemente, lo considera un gasto innecesario. Lo cierto es que nadie sabe la importancia de una póliza hasta no necesitarla. El Estado dominicano, por ejemplo, también da un mal ejemplo cuando no asegura la infraestructura pública o no reclama los daños causados en accidentes.
Para tomar un caso, los accidentes de tránsito lideran las causas de muertes violentas en República Dominicana. Además de la pérdida irreparable para las familias, a lo que hay que agregar el golpe económico y las secuelas en cuanto la estabilidad futura, estos eventos también representan una carga muy pesada para el presupuesto público a través de los servicios de salud que deben ofrecerse cuando llega alguien con un trauma.
Las aseguradoras, que como empresas deben generar ganancias para que sean sostenibles, juegan un papel preponderante como entes que manejan el riesgo a cubrir ante cualquier eventualidad. Ahora bien, el ente regulador también está obligado a no sólo servir de compilador de estadísticas y organizar eventos relacionados con el sector seguros, sino que está obligado a ser un promotor de la cultura del seguro entre los dominicanos.
La Superintendencia de Seguros puede impulsar campañas permanentes de promoción de la cultura del seguro. Está en capacidad financiera de hacerlo y la Ley 146-02 le otorga la autonomía financiera suficiente, según consta en el artículo 239. Sólo hay que calcular cuánto es el 30% del ITBIS cargado a los casi RD$69,000 millones cobrados en primas durante 2019 para tener una idea.
Se puede, sólo hay que inyectarle un poco de voluntad política al impulso de un sector tan importante para la estabilidad económica y social de República Dominicana.
