El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) tiene sus preocupaciones sobre la inevitable reforma fiscal que será dada a conocer próximamente por el Gobierno. Su presidente, Celso Juan Marranzini, pronunció un discurso en Santiago de los Caballeros, a propósito de celebrar en esa ciudad el 61 aniversario del gremio empresarial.
“Hay preguntas que hace semanas nos persiguen por todas partes: ¿Cuándo será la reforma? ¿De qué tamaño será la reforma? ¿Qué efectos traería consigo la reforma?”, expresó el líder empresarial en un discurso que también coincide con la celebración del Día Nacional de la Empresa Privada.
Marranzini, aunque asegura que no tener las repuestas a estas interrogantes, sí coincide en que el abordaje del tema fiscal no debe ser visto de manera segregada ni coyuntural. Considera que debe ser objeto de un amplio proceso de consulta y discusión, que conduzca, como ha dicho el presidente Luis Abinader, a la concertación integral de un gran pacto de nación.
Reveló que el Conep ha venido trabajando en sesión permanente, consultando a su membresía e identificando puntos de interés común. “Si abordamos este tema desde la frialdad de los números, nos colocamos frente a una realidad compleja. Nuestro país opera con un déficit que anualmente ronda el 5% del PIB”, sostiene el presidente del Conep.
De manera específica, detalla que un déficit de 5% del PIB significan US$6,000 millones, es decir, RD$350,000 millones. En lo que sí está de acuerdo es en que, medidos por la presión tributaria, los ingresos del Estado son bajos. Sin embargo, destaca que cuando se profundiza en la eficiencia, según el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), por cada peso que el Estado podría recaudar del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS), apenas recibe 34 centavos, y de los 66 que no recibe, 47 centavos no entran a las arcas públicas por evasión, contrabando, informalidad, entre otros. “Definitivamente, un proyecto de reforma fiscal debe abordar estas distorsiones”, destaca.
Explica que cuando se analiza el comportamiento del gasto, se ha registrado aumentado de un 17% del PIB antes del covid a un 19% en la actualidad, lo que, a su juicio, parecería ser la nueva normalidad.
Sin embargo, dice, el Gobierno enfrenta limitaciones de recursos para poder construir las obras para el desarrollo y mejorar los servicios requeridos por la población, como la seguridad ciudadana. Indica que mientras el gasto de capital se ha reducido 1%, el corriente ha aumentado 3% del PIB.
“Sólo en el sector eléctrico, los subsidios por pérdidas en las EDE superan los US$1,500 millones o alrededor de 1.5% del PIB, es decir, gran parte del déficit fiscal está explicado por los problemas del sector eléctrico”, sostiene.
