República Dominicana sufre, unos más y otros menos, una crisis de apagones. El sistema eléctrico nacional continúa siendo una de las mayores paradojas del desarrollo dominicano.
A pesar de los esfuerzos sostenidos del gobierno por ampliar la capacidad de generación, incluyendo fuentes renovables como solar y eólica, además de nuevas plantas convencionales, el servicio sigue siendo ineficiente, costoso y vulnerable.
La raíz del problema, sin embargo, sigue siendo la comercialización. Históricamente es el eslabón más débil de la cadena, donde se concentran las pérdidas y el déficit.
Las distribuidoras de electricidad, encargadas de llevar la energía al consumidor final, siguen operando con altos niveles de ineficiencia. La falta de inversión en infraestructura, tecnología y gestión ha impedido que las mejoras en generación se traduzcan en un servicio confiable y sostenible.
Este desequilibrio ha obligado al Estado a destinar recursos cada vez mayores para cubrir el déficit del sector.
En el Presupuesto reformulado de este año se han agregado RD$19,986.2 millones a los más de RD$84,900 millones originalmente asignados al subsidio eléctrico.
Esta cifra, que supera los RD$104,000 millones en total, representa un gasto descomunal que, en términos prácticos, equivale a botar dinero por la cañería. Más allá del monto, el incremento presupuestario puede interpretarse de dos maneras: como una admisión tácita de que no hay solución a corto plazo, o como el reflejo de variables externas que han impedido una transformación real del sistema. Lo que no puede ponerse en duda es la capacidad técnica de las autoridades.
El problema eléctrico no es nuevo ni sencillo; requiere decisiones valientes, reformas estructurales y, sobre todo, voluntad política para asumir el costo que implica enfrentar intereses enquistados y resistencias históricas. Sin un sector eléctrico estable, competitivo y eficiente, la economía dominicana seguirá arrastrando un lastre que limita su potencial de crecimiento.
La energía es el motor del desarrollo, y mientras ese motor funcione a medias, el país no podrá avanzar con holgura hacia un futuro más próspero.
La crisis eléctrica no puede seguir siendo una constante: debe convertirse en una prioridad nacional, con soluciones que trasciendan el corto plazo y apunten a una transformación definitiva.
