La competencia no solo tiene un impacto positivo en el crecimiento económico de los países, sino que promueve mejores precios para los consumidores. Al mismo tiempo, hace a los Estados más competitivos en los mercados internacionales gracias a un marco institucional basado en pilares como la gobernanza y la transparencia.
Más allá de sus efectos macroeconómicos, la competencia también puede incidir en problemas estructurales como la informalidad laboral. De acuerdo con la economista principal en el Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Vanessa Alviarez, el aumento de la competencia genera incentivos para que las empresas contraten más empleo formal y de mejor calidad, lo que contribuye a elevar los niveles de formalización.
Durante una entrevista con elDinero, la especialista señala que la informalidad continúa siendo uno de los principales desafíos de América Latina y recuerda que en República Dominicana el 53% del empleo se desarrolla en condiciones informales, afectando principalmente a sectores como el comercio (26.8%), los servicios (25.9%) y la construcción (14.9%). Sostiene que una mayor competencia, junto con políticas orientadas a reducir las barreras existentes, puede favorecer una transición hacia mercados laborales más formales.
Alviarez explica que uno de los factores que alimenta la informalidad son las limitaciones geográficas y las dificultades que enfrentan trabajadores y empresas para conectarse con nuevas oportunidades laborales, sectores y regiones. Según indica, facilitar esa movilidad y ampliar el acceso a mercados más diversos no solo puede impulsar la formalización, sino también mejorar indicadores de bienestar social, como los salarios reales.
Fortalecimiento
La entidad rectora de la competencia en el país se encuentra en un proceso de discusión para modernizar la normativa. Al respecto, Keryma Marra, miembro del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), declara a este medio que la incorporación de mecanismos de “compliance” en la Ley 42-08 y el fortalecimiento del régimen sancionador beneficiarían al país en su proceso de integración a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Marra sostiene que una normativa más robusta también contribuiría a crear condiciones más favorables para la competencia y podría reducir espacios donde prosperan prácticas asociadas a la informalidad, un fenómeno que, aunque no constituye necesariamente una conducta anticompetitiva, puede facilitar este tipo de distorsiones en el mercado.
“Es necesario fortalecer las sanciones para que tengan un efecto realmente disuasorio y ampliar los plazos de investigación de las prácticas anticompetitivas, debido a que los actuales son irrisorios en comparación con otros países de la región y con los períodos de prescripción vigentes”, afirma.
Asimismo, considera que la implementación de la reforma deberá ir acompañada de una cultura preventiva y de procesos de concientización dirigidos a los agentes económicos, ya que muchas conductas anticompetitivas continúan siendo percibidas como prácticas normales dentro del mercado.
Competitividad
Para la directora técnica del Consejo Nacional de Competitividad, Laura del Castillo, resulta prioritario impulsar reformas a la Ley de Minería, la Ley de Alianzas Público-Privadas y la normativa de Proindustria.
La funcionaria considera que la modernización de estas regulaciones no solo impactaría positivamente la estructura de mercado, sino que también dinamizaría sectores económicos y promovería el desarrollo del país. Añade que existen iniciativas impulsadas por el Gobierno que, aunque no constituyen reformas legales, sí representan ajustes normativos relevantes.
Del Castillo asegura que la innovación, la educación y el capital humano figuran entre los principales desafíos del país en materia de competitividad. Indica que la inversión en innovación continúa siendo limitada y subraya que mejorar la calidad educativa y fortalecer la inserción laboral de los jóvenes resulta determinante para elevar la productividad y el crecimiento económico.
Condiciones
El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Mario Pujols, destaca que el sector industrial asume voluntariamente los costos asociados al cumplimiento de las normas, pero enfrenta una desventaja frente a productos importados o actividades informales que operan fuera de esas exigencias.
“Muchos de los obstáculos que enfrenta nuestro sector están relacionados con prácticas de informalidad y con el incumplimiento de aspectos fundamentales contemplados en la Ley de Competencia. Se trata de actores que operan al margen de normas tributarias, aduaneras, de seguridad social, laborales y de etiquetado”, expresa.
Pujols reitera la necesidad de aplicar de manera firme la Ley de Competencia como mecanismo para reducir asimetrías y fortalecer condiciones equitativas en el mercado.
