Los habitantes de la provincia Sánchez Ramírez tienen más de 40 años reclamando recibir los beneficios económicos que les corresponden por concepto de la explotación de sus recursos naturales. La Ley 64-00, en su artículo 117, párrafo segundo, establece que cuando se trate de recursos naturales no renovables, el o los municipios donde esté ubicada la explotación recibirán el 5% de los beneficios netos generados de esas operaciones.
Como bien se conoce, la minera Barrick Pueblo Viejo explota los yacimientos de oro, plata y otros minerales en la provincia Sánchez Ramírez, lo cual ha significado un soporte de primer orden para la economía dominicana. El año pasado las exportaciones de oro superaron los US$1,500 millones y para este 2021 se espera que sea superada esta cantidad. No cabe duda: esta demarcación geográfica ha sido fundamental para que nuestra balanza de pagos sea menos deficitaria. Y ni hablar de los impuestos que recibe el Estado producto de esta explotación.
Sin embargo, para tratar de arrojar luz en la confusión respecto al 5% de los fondos mineros, algunos hacedores de opinión pública responsabilizan a Barrick Pueblo Viejo de que no lleguen los fondos del 5% a la provincia. Esto, sea intencional o no, resulta ser una manipulación de la información con miras a sacarle algún capital económico particular.
Si la provincia Sánchez Ramírez no ha recibido el 5% de los beneficios netos de esta explotación se debe, fundamentalmente, a la inobservancia de quienes han tenido la responsabilidad de dirigir el Estado, pero también de los líderes provinciales, entre los que están legisladores, alcaldes y regidores, entre otros, que no han sabido jugar su papel ante las autoridades nacionales para reclamarle con energía lo que le corresponde la provincia. Ha sido el Gobierno Central, en distintas gestiones, el que no han enviado la cantidad de recursos correspondientes a la provincia y no la Barrick.
Esta minera, que cotiza en bolsa y es vigilada por los inversionistas en todo el mundo, no puede prestarse a incumplir un compromiso de esa naturaleza. Simplemente no lo puede hacer.
¿Por qué no reclamarle transparencia a quienes deben gestionar estos fondos? Es probable que ellos sepan con exactitud cuánto dinero le corresponde a Sánchez Ramírez. Sin embargo, prefieren quedarse en el discurso etéreo, posiblemente haciéndose los graciosos ante una sociedad que merece explicaciones reales. Si hoy esta provincia no tiene un acueducto múltiple, a pesar de tener el lago de la presa de Hatillo, el más grande de Las Antillas, se debe justamente a que quienes han sido los representantes de la provincia les han quedado mal a sus ciudadanos. Es fácil culpar a una empresa que cuando inició sus operaciones encontró un desorden ecológico que poco a poco, a pesar de no haberlo provocado, ha tenido que ir solucionando. Barrick está obligada a dejar obras de desarrollo en las comunidades que afecta, pero en base a lo que establece la ley.
