El 28 de julio de este año las autoridades dominicanas informaron de la detección de casos de fiebre porcina africana en tres provincias: Montecristi, Dajabón y Sánchez Ramírez. Días después admitieron que la enfermedad se había propagado a por lo menos 11 demarcaciones. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) fue informada un día después.
En América no se registraba un caso desde principios de la década de los 80. Según la FAO, la enfermedad ahora se encuentra en todos los continentes. En África, Europa, Asia y del Pacífico ya afecta a más de 50 países, perjudicando su seguridad alimentaria, los medios de subsistencia que dependen de la cadena de valor de la porcicultura, y la biodiversidad, ya que la enfermedad impacta sobre la fauna silvestre.
La historia dominicana registra que en 1978 cerca de un millón y medio de cerdos fueron sacrificados para acabar con la fiebre porcina. Era el gobierno de Antonio Guzmán y el ministro de Agricultura lo era Hipólito Mejía, quien durante el período 2000-2004 sirvió como Presidente.
Los registros establecen que los primeros casos se descubrieron en 1977 en Europa, específicamente en Portugal y España. También hubo casos en Brasil, Haití, Cuba, Malta y otros países. Ante este nuevo brote, Estados Unidos limitó la importación de productos cárnicos desde nuestro país. La FAO, de su lado, recomendó a los gobiernos de América mantener una vigilancia estrecha ante la aparición de la enfermedad en granjas dominicanas.
Ya se sabe que la fiebre porcina no representa ningún peligro para la salud humana, más bien sus efectos son económicos. Su alta letalidad en la población porcina es la principal amenaza, ya que diezma el medio de subsistencia de miles de familias y pequeños empresarios, pero también obligaría la importación de cerdos para repoblar, así como de productos derivados con la consecuente demanda de divisas.
Ante estos brotes, que pudieran ser considerados más que eso por la cantidad de provincias en las que se ha detectado la enfermedad, hay quienes piden al Gobierno asumir con responsabilidad el tema. De hecho, solicitan la eliminación de la población porcina ante el temor de que sea en todo el país.
Sin embargo, y es de orden señalarlo, las condiciones de bioseguridad de hoy son muy diferentes a las de hace 40 años cuando el país tuvo que acabar con toda la población porcina. Aún hay tiempo, si se toman las medidas de lugar, de impedir que las grandes granjas sean afectadas. Y esto implicará, por supuesto, poner a funcionar la autoridad en toda su expresión.
No es un tema de seguridad pública en términos de salud, pero sí un asunto que indefectiblemente podría afectar la economía de cientos de miles de dominicanos. Sea cual sea la decisión, hay que tomarla con responsabilidad.
