Se filtró un borrador desde el Ministerio de Hacienda y se encendió el debate. La opinión pública se ha llenado de expertos en reforma fiscal (y de pacto).
Lo que sí está a la vista de todos es que la necesidad de reformar el sistema tributario quedó en evidencia tras los efectos devastadores de la pandemia del covid-19 en las finanzas públicas. El producto interno bruto (PIB) se contrajo un -6.7% en 2020, aunque las expectativas es de que crezca al menos en dos dígitos en este 2021.
Entre las razones que se presentan para justificar una reforma fiscal (el pacto quizá quedará, como siempre, para luego) está el hecho de cerrar la brecha del déficit y bajar la velocidad del endeudamiento público, el cual, sólo el que compete al sector público no financiero (SPNF), pasó de US$32,158.2 millones a US$47,559.6 millones, un aumento neto de US$15,401.4 millones, equivalente a un 47.9% entre 2018 y agosto de 2021.
La deuda del SPNF cerró 2020 en un 56.6% y el déficit fiscal promedio anual ha sido de un 3.3% en los últimos 11 años. La carga de los intereses respecto a los ingresos pasó de un 19.1% a 22.8%. En términos consolidados, agregando la deuda del Banco Central, la presión llega al 32.7%. Si se toma de referencia el 2012, cuando la presión de los intereses sobre los ingresos era de 13.8%, entonces sí habría que preocuparse, pues significan 9 puntos porcentuales en este período.
Hay dos advertencias de firmas internacionales que interactúan en el mercado de capitales. S&P Global dice que podría bajar las calificaciones de riesgo si el gobierno no puede aprobar reformas para frenar el déficit fiscal y Moody’s afirma que “falta de respuesta de las autoridades para abordar la tendencia subyacente de un aumento persistente de la deuda pública conllevaría una rebaja de la calificación.
En este panorama nada alentador, por lo menos si se parte de la realidad actual y el porvenir si no se hace nada, habrá que actuar con mucha cautela y control en el gasto (para que sea de calidad) si la intención es lograr que haya un avance real en materia de desarrollo humano. El Gobierno lo sabe y quizá por eso, a pesar del mal momento, es que ha puesto sobre la mesa la urgencia de reformar todo lo que tenga que ver con impuestos.
Pero los recursos públicos no sólo se destinan a educación, infraestructura, pago de salarios, seguridad y para cubrir compromisos financieros. En todo esto hay una verdad que está reconocida por todos: los dominicanos gastan de su propio dinero 9% más en salud privada que el latinoamericano promedio, a pesar de que hay un sistema de seguridad social que debería evitarlo.
Ante esta realidad, para inversión en el sector salud el Gobierno busca RD$53,149 millones, esto con miras a atender las necesidades de los grupos más vulnerable, aumentar los recursos que reciben los hospitales y garantizar que el acceso a servicios sanitarios sea universal.
¿Tendrá el Gobierno que hacer una reforma fiscal en el momento menos indicado?
