La baja formalización en la economía dominicana es uno de los elementos más importantes que han limitado el crecimiento y la evolución de nuestro país. La formalización conlleva el registro de los empleos en la seguridad social, pago de acceso al Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep), retenciones de impuesto sobre la renta, acceso a pensiones, y a las empresas la presentación de informes periódicos y pagos ante las autoridades fiscales. Aunque los estimados pueden variar, sabemos que al menos la mitad del comercio nacional es informal, es decir, los empleados no tienen cobertura de seguro o pensiones, y las empresas no pagan impuestos que le son directamente aplicables.
La informalidad tiene varias consecuencias: 1) los empleados no se benefician de los sistemas de protección social pagados o subsidiados por el sector privado, por lo que se ven en la necesidad de depender de los servicios públicos; 2) la falta de tributación disminuye los ingresos fiscales, colocando límites al Estado dominicano para cubrir todas las necesidades de la población; y 3) como consecuencia de no tributar ni pagar respecto a sus empleados ni sus operaciones, los comercios informales tienen menores costos de operación, y hacen competencia desleal a los comercios que sí cumplen con las leyes.
En este sentido, queda claro que como política de desarrollo de nación y de Estado, debemos propugnar la formalización de manera continua y comprensiva de las empresas. Sin embargo, para ello, surge una pregunta válida: ¿cuáles son los incentivos para que un comercio informal pase a la formalidad? Sabemos que hacerlo implica mayores costos e inversión, por lo que debe haber alguna motivación para mover a los comercios a hacerlo.
En primer término, sin la formalización, los comercios no tienen pleno acceso a la banca formal y los servicios que esta ofrece, y muy especialmente al financiamiento, lo que limita su desarrollo. Igualmente, estar en incumplimiento con las obligaciones formales puede generar contingencias de naturaleza legal, fiscal y regulatoria.
Queda claro que la amenaza de “consecuencias” por estar en incumplimiento, además de uno que otro beneficio por estar formalizado, no son suficientes para que al menos una parte de la mitad de nuestra economía tome la decisión de pasar al sector formal. Es por esto que, al igual que otros países en situaciones como la nuestra, se deben contemplar incentivos para producir un efecto que desencadene y promueva la formalización de las empresas.
Nuestro país ha sido tímido con el tema de los incentivos para crear empleos y por lo demás, que se formalicen las empresas. Pero la realidad es que, si la única consecuencia para una empresa de formalizarse es de aumentar los costos, entonces no tendrá una real razón de proceder por esa vía.
En este sentido, nos toca a nosotros, tanto del sector privado como del sector público, identificar los incentivos y mecanismos que puedan ser creados para simplificar el proceso de la formalización y aumentar las razones que lleven a un comerciante informal a tomar la decisión de formalizarse, pues queda claro que de lo contrario, el desarrollo de nuestro país se verá limitado.
