Ahora que está en el tapete el tema de supuestas irregularidades en el proceso de licitación para la adjudicación de un contrato millonario de modernización de los semáforos por parte del Intrant, surgen los argumentos de que la empresa “ganadora” de la licitación tiene un derecho adquirido y que paralizar los trabajos podría resultar en una pérdida para le Estado.
Eso es una verdad a medias, pues el derecho adquirido de ser sobre la base de haberlo alcanzado por la vía legal. Pero, si la empresa adjudicataria incurrió en ilegalidad para engañar al Estado en la licitación, entonces ese derecho adquirido se pierde.
Por eso es correcta la decisión de la Dirección de Compras y Contrataciones de remitir el caso al Ministerio Público, pues se requiere una investigación más profunda donde se demuestre que, ciertamente, esa empresa incurrió en ilegalidad para ganar la licitación.
De ser así, entonces no hay derecho adquirido, sino estafa contra el Estado.
