Garantizar la energía eléctrica en República Dominicana representa subsidiar a las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) que ofrecen el servicio a una gran parte de la población que no cumple con el compromiso del pago de la factura eléctrica, dando como resultado un déficit con pérdidas de un 40%.
Ante este panorama, el Estado dominicano debe evaluar e implementar soluciones que reduzcan los subsidios al sector eléctrico para eficientizar el gasto público. Así lo explicaron los economistas José Luis de Ramón, Isidoro Santana y Richard Medina durante el panel “Contexto y necesidad de la reforma fiscal”, en el Foro sobre la Reforma Fiscal, organizado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).
De acuerdo con De Ramón, es necesario implementar mecanismos para evitar el robo de la energía y que las personas, sin importar la zona donde estén, paguen por el servicio, ya que el país no es productor de petróleo ni de electricidad.
Medina, quien es coordinador de la carrera de Economía del Intec, señaló que el gasto en electricidad es “bastante grande”. Sin embargo, “la contraparte de esto no es solamente la congestión de las EDE, sino que mejore de manera importante ese subsidio”.
Dijo que rehabilitar los circuitos y la construcción de nuevas estaciones representa una inversión anual de US$300 millones a US$400 millones durante unos seis años.
“Esos elementos son riesgos que tenemos desde el punto de vista de la función fiscal del Gobierno, que nos dan a entender que, efectivamente, se necesita una reforma que al menos aumente ingresos”. Medina indicó que las autoridades y los ciudadanos deben comenzar a evaluar las reformas pendientes, ya que la fiscal es sólo una. “Tenemos que conversar sobre el subsidio eléctrico, pero también el mercado laboral y la seguridad social”.
“No podemos pretender aumentar la presión tributaria, cargando a los contribuyentes que son formales, mientras tenemos un vasto océano de dominicanos y de empresas que no están dentro de la formalidad”, aseguró el catedrático.
En tanto que Santana afirmó: “el problema eléctrico hay que resolverlo, ya que es uno de los problemas fundamentales que distorsionan el gasto público en el país”.
De acuerdo con datos de la Dirección General de Presupuesto (Digepres) el subsidio al sector eléctrico está absorbiendo el equivalente a 1.5% del producto interno bruto (PIB) cada año, lo cual es prácticamente la mitad del déficit fiscal completo del Estado.
Privatización
Ante la realidad de que el Estado debe buscar la sostenibilidad económica y mantener la estabilidad, De Ramón señaló que “el Gobierno tiene que tomar la decisión de no más subsidio eléctrico”. Para ello, sugiere la privatización de las EDE.
Para Santana, “la distribución de electricidad es algo que puede hacer perfectamente una empresa privada”. El reto está en ver cuáles empresas estarían interesadas en hacerlo.
“Uno de los problemas que tenemos es que para el capital privado no es atractivo comprar electricidad para vendérselo a una cantidad de gente que tienen mecanismos de presión para evitar pagarlo y fue lo que determinó que las empresas que vinieron cuando se hizo la capitalización de la empresa pública decidieron entregárselas otra vez al Estado”, agregó.
Dijo que ojalá aparecieran compradores y que el Gobierno aplicara las tarifas y permitiera que se cobren como tienen que ser cobradas, aunque se haga necesario que el Estado le entregue a la gente más pobre una porción o el total del dinero que tiene que pagar a la distribuidora.
Medina sugirió que el Estado entregue la administración de las EDE al sector privado por un tiempo “para ver qué pasa”. También propuso considerar la posibilidad de ceder algunos circuitos, especialmente aquellos con mayores pérdidas, a agentes privados para que los administren.
Además de privatizar, el Estado debe garantizar que todos paguen la factura eléctrica. De Ramón indicó que, además, debe existir un régimen de consecuencias. “La electricidad no es un bien público, es un bien privado; es algo que debes pagar por el consumo que tienes”.
Gasto público
Para De Ramón, es vital que el Estado diseñe los mecanismos necesarios para garantizar que los ciudadanos cumplan con el pago de los impuestos. Actualmente, señaló, el 68% de las personas no paga impuesto sobre la renta a las personas físicas, el 57% no cumple con los impuestos de las empresas y el 43% con el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).
Sugirió una reforma integral en el gasto público. “Podemos discutir técnicamente sobre qué tipo de impuestos es mejor que otro, cuáles impuestos son más regresivos, qué áreas deben pagar impuestos, cuáles deben tener incentivos y cuáles no, pero al final lo que debe pasar es un cambio en el administrador”.
Santana aseguró que el Estado debe recuperar la credibilidad. “La gente no confía en el Estado”.
Los economistas concuerdan en que sin mejorar el gasto público la reforma fiscal podría no cumplir con las expectativas trazadas. “El Gobierno dominicano tiene retos importantes en la mejora del gasto, uno de esos, evidentemente, es el sector eléctrico y educativo”.
Políticas de Estado que sobrevivan
El rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Julio Sánchez Maríñez, destacó que la República Dominicana necesita diseñar mecanismos que evalúen la calidad del gasto público. Durante las palabras de bienvenida del Foro sobre la Reforma Fiscal, organizado y celebrado en las instalaciones de Intec, el rector expresó que la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 establece las reformas que deben hacerse en el país para garantizar un crecimiento sostenible, incluyendo la fiscal.
“Soñamos con políticas de Estado que sobrevivan a los vaivenes de conveniencia pasajeras y a la volatilidad de circunstancias de corto plazo”, indicó, al analizar lo establecido en los artículos 21 y 25 de la Ley 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, la cual fue “resultante de varios años de trabajo y de un intenso proceso de consulta y concertación”.
El rector de Intec precisó que el Estado se encuentra ante el reto de garantizar que la ciudadanía confíe en la gestión de los ingresos por parte de las entidades de la administración pública.
“Dada la gran necesidad y aspiraciones del país, que demandarán más gasto público, ¿cómo ganará el Gobierno la legitimidad que requiere para convencer a la población de que le financie?”.
