Como era de esperarse, amplios sectores de la sociedad dominicana se han manifestado en contra de la Ley de Modernización Fiscal, propuesta sometida recientemente por el gobierno al Congreso de la República.
Desde las iglesias, históricamente exentas de pagar cualquier tributo, hasta grandes empresas cerveceras, comúnmente gravadas por impuestos, han levantado las voces que claman por la no aplicación de nuevos gravámenes y también para que se dejen sin efecto potenciales aumentos a los ya existentes.
Se unen a estos los roneros, los constructores de viviendas, los propietarios de empresas de juegos de azar y un amplio rosario de sectores productivos y de la sociedad civil, en sentido general. Bien lo manifestaron los autores Altfelder, S. y Edling, H. (1992) cuando aseguraron que las reformas tributarias en los países en desarrollo son, a menudo, procesos engorrosos, y que su implementación podrá ser exitosa en la medida en que cuenten con el apoyo de los “sujetos tributarios”, quienes, en su calidad de ciudadanos con derecho a voto, o como cualquier empresario poderoso, tienen por lo menos un potencial de ser políticamente importante y ejercer influencia en uno u otro sentido.
Los dominicanos en el exterior es otro grupo que se ha manifestado en contra de la reforma fiscal propuesta, bajo el argumento de que tendrán que aumentar la cantidad de remesas que envían regularmente a sus familiares debido a una reducción en el poder adquisitivo, motivado por los aumentos de precios que tendrán lugar, al tiempo que alegan que verán reducidos sus ahorros en las entidades de intermediación financiera del país, si es que se le pone un impuesto a los rendimientos que se derivan de dichos ahorros.
En definitiva, nadie parece querer la reforma de marras y, obviamente, nadie quiere pagar impuestos. ¿Pero, por qué se pagan impuestos? Según Tanzi, V. y Zee, H. (FMI, 2001), la respuesta a esta pregunta es simple y es que, mientras no surja una idea mejor, la tributación es el único medio práctico de recaudar ingresos para financiar el gasto público en bienes y servicios que demanda la mayoría de las personas. El problema es, a decir de estos mismos autores, que en los países en desarrollo la política tributaria se basa con frecuencia en el arte de lo posible y no tanto en el logro de los fines óptimos. Y la resistencia a una reforma fiscal complica aún más este panorama.
El gran dilema sigue siendo que queremos más crecimiento económico, mayor inclusión social y estabilidad financiera, pero que no me toquen mi dinero. Y sucede que en los países en desarrollo la reforma fiscal ha emergido como una prioridad clave para garantizar la sostenibilidad fiscal, mejorar la eficiencia en la recaudación de impuestos y promover la equidad en la distribución de la riqueza (Mercados y Tendencias, 2024). Según esta revista, América Latina ha sido históricamente una región con sistemas fiscales ineficientes que han dificultado su desarrollo económico.
Además, la evasión y la elusión fiscal son problemas persistentes que reducen significativamente los ingresos públicos, limitando la capacidad de los gobiernos para financiar servicios públicos de calidad, invertir en infraestructura y programas sociales, y responder eficazmente a las crisis económicas. De ahora en adelante, pondré al gobierno en mis oraciones.
