[dropcap]U[/dropcap]n reportaje publicado en este medio no pudo haber tenido mejor título: Transporte urbano: Estrés, caos, contaminación, incapacidad e impotencia. Sin duda, es una fotografía con palabras. Es el amargo tema del día a día y la calamidad de miles de empresas que deben lidiar con los “sindicatos” que abusan de su posición de dominio.
El sector transporte es liderado por tres cuestionados dirigentes, de quienes elDinero ha hecho radiografías sobre su estatus social y económico, y su relación con el Estado durante los últimos años. En casos como estos es que hace falta que funcione la institucionalidad en todo el sentido de la palabra.
Juan Hubieres, Antonio Marte y Blas Peralta son fichas archiconocidas. El Estado y sus gobernantes saben de qué son capaces, hasta dónde pueden llegar con su poder desregulado, bajo la excusa de defender el derecho al trabajo y el mal utilizado derecho de asociación.
Han sabido escalar política y socioeconómicamente. Lo han hecho poniendo en jaque a políticos que han querido llegar al poder. Y no sólo eso: también han llegado al Congreso y a las salas capitulares para ejercer desde espacios de legalidad sus ansias de controlarlo todo, pésele a quien le pese, independientemente de que prevalezca el desorden e irrespeto a las normas de competencia.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) tiene razones de sobra para afirmar que el sector transporte pone en jaque el Estado de derecho en República Dominicana. Las prácticas a las que han acudido históricamente los transportistas para lograr sus objetivos amenazan el régimen económico nacional y la prosperidad social que merecen los dominicanos.
Los mal llamados sindicatos de transporte, ya sean de carga o pasajeros, no son más que empresas privadas, manejadas verticalmente por un grupúsculo que impone sus criterios a costa de miles de choferes que, en la mayoría de las veces, no participa en la repartición de bienestar que sí se les nota a sus dirigentes. Una salida salomónica sería que se formalicen como compañías, que compitan en un mercado abierto y que permitan a otros entrar al negocio para ofrecer, quizá con mejor calidad y precio, el mismo servicio que ellos monopolizan.
Ahora es el momento de resolver este caos. El desorden en el transporte hay que solucionarlo ahora. Poner orden definitivo a este mal que afecta no sólo la tranquilidad de los dominicanos, poniendo en riesgo la integridad física y moral de todos los ciudadanos, sino que también atenta contra la estabilidad y competitividad económica de República Dominicana, es una obligación histórica de la justicia y de las actuales autoridades.
Al único compromiso al que el Gobierno no puede renunciar es a darle un ambiente de seguridad a la ciudadanía, evitando actuar con privilegios hacia unos pocos en detrimento de la mayoría. Ahora es, ahora.
