Lo que debería preocuparnos no es la intensidad de las lluvias recientes, sino que, año tras año, producen el mismo resultado.
En Santo Domingo, episodios que ya deberían ser manejables siguen traduciéndose en interrupciones de movilidad, pérdida de horas productivas y presión sobre servicios básicos. Viviendas se inundan y la actividad económica se detiene, mientras que, en períodos de menor precipitación, la misma ciudad enfrenta limitaciones en el acceso a agua potable.
Hoy, una proporción importante de los hogares recibe agua de manera intermitente, mientras amplias zonas de la ciudad carecen de drenaje pluvial efectivo. El resultado es un sistema que falla en dos extremos: no logra manejar el exceso ni garantizar la disponibilidad.
Durante años, la gestión del agua se ha abordado de forma fragmentada: expansión de acueductos por un lado, intervenciones puntuales de drenaje por otro, y una planificación territorial que no acompaña el ritmo de crecimiento urbano. Cada esfuerzo suma, pero no converge.
No es que falten diagnósticos ni inversión. Es que el sistema no termina de integrarse.
Ese impacto no se queda en lo inmediato. Se acumula en mayores costos, menor previsibilidad y una economía que opera con ineficiencias. En América Latina, organismos multilaterales han documentado que estas brechas pueden traducirse en pérdidas equivalentes a varios puntos del PIB, por efectos en salud y productividad.
Esta no es una discusión aislada; es parte de un patrón más amplio: como economía, seguimos reaccionando a los shocks -sean externos, como el precio del petróleo, o internos, como la gestión del agua- sin aprovechar del todo los períodos de estabilidad para prepararnos mejor.
La agenda pendiente es concreta. Implica, en primer lugar, tratar el agua como sistema, integrando (drenaje, agua potable y ordenamiento territorial bajo una misma lógica operativa). En segundo lugar, incorporar soluciones que reduzcan la presión sobre la infraestructura existente, recuperando capacidad de absorción en la ciudad y ampliando el uso de captación y almacenamiento de agua de lluvia. En tercer lugar, asumir este desafío como una agenda público-privada-social, en la que la inversión pública, la participación privada y los incentivos adecuados se alineen con cambios en el uso del suelo y en los patrones de consumo y gestión del agua a nivel ciudadano.
Pero también implica algo menos visible: actuar cuando no hay urgencia, porque esto no es un problema de lluvias; es de cómo gestionamos riesgos previsibles en una economía que aspira a crecer de forma más sostenible.
Mientras no logremos anticipar -y no solo reaccionar-, seguiremos enfrentando no solo eventos más disruptivos, también límites silenciosos que terminan condicionando nuestro propio desarrollo.
