Al analizar la propuesta de la UASD encontramos que otro de sus componentes más interesantes es el relativo a la medición, es decir, a la metrología aplicada al GLP. Conviene recordar -porque con frecuencia se olvida o sencillamente se desconoce- que este combustible suele transarse y controlarse por masa en las primeras etapas de la comercialización mayorista, pero se vende al consumidor dominicano por volumen.
Desde la buena escuela de los años sesenta y setenta sabemos que, para una cantidad determinada, la masa no cambia por efecto de la temperatura, mientras el volumen y la densidad sí lo hacen. Esta última expresa cuánta masa de combustible contiene un volumen determinado y varía tanto con la composición del GLP como con la temperatura. Cuanto más caliente se encuentra el líquido, más se expande, mayor volumen ocupa y menor resulta su densidad.
Veamos más de cerca esta cuestión, advirtiendo que se trata de valores ilustrativos. No olvidemos que el cálculo definitivo debe realizarse mediante tablas oficiales de compensación que consideren la temperatura y la composición real del combustible. También debemos precisar que, si el cilindro se pesa y recibe efectivamente 100 libras netas, no se produce pérdida alguna, y que el perjuicio aparece cuando la venta se realiza por volumen sin aplicar la correspondiente compensación térmica.
Tomemos como ejemplo un cilindro de 100 libras. A la temperatura de referencia de 15.6 grados Celsius, la equivalencia utilizada para el propano comercial es de aproximadamente 23.6 galones. Al precio de RD$135.20 por galón, esa cantidad costaría RD$3,190.72. Cuando la temperatura aumenta hasta 30 grados Celsius y, para fines ilustrativos, asumimos una expansión cercana al 4.5%, las mismas 100 libras ocuparían aproximadamente 24.66 galones, con un costo de RD$3,334.30. Para recibir la misma masa de combustible, el consumidor tendría que pagar alrededor de RD$143.58 adicionales como consecuencia de la expansión térmica.
Visto desde el ángulo contrario, si a 30 grados se despacharan solamente los 23.6 galones equivalentes a 100 libras a la temperatura de referencia, el consumidor recibiría cerca de 95.7 libras. Habría pagado RD$3,190.72, pero tendría un faltante aproximado de 4.3 libras, valorado al precio de referencia en unos RD$137.40. El medidor podría haber registrado correctamente los galones entregados; el problema es que dentro de ese volumen habría menos masa y, por tanto, menos combustible y energía aprovechable. En apariencia, el usuario no pierde galones: pierde masa y energía dentro de los galones que paga.
La UASD estima una diferencia próxima al 4 % y propone compensar la temperatura, utilizar medidores másicos o comprobar mediante balanza el contenido de los cilindros.
La recomendación es atendible, pero debe insertarse en el sistema nacional de metrología y no operar al margen de él. El Reglamento Técnico Metrológico RTM-003-2025 exige que los medidores y patrones de trabajo utilizados en la comercialización del GLP sean trazables al patrón de referencia del INDOCAL y, mediante la cadena correspondiente, al Sistema Internacional de Unidades (SIU).
Por ello, balanzas, medidores, termómetros y equipos de calibración deben verificarse y someterse a controles periódicos. Como afirmábamos durante nuestro paso por la antigua Digenor (27 de julio de 2012, periódico Hoy, 3A) una lectura sin trazabilidad puede parecer exacta y, sin embargo, carecer de valor probatorio. Pro-Consumidor, responsable también de la vigilancia del mercado, debe comprender que este no es un tecnicismo reservado a especialistas, sino una garantía fundamental para quien paga.
Como propusimos en 2012, los medidores de flujo másico, entre ellos los basados en el principio Coriolis, ofrecerían una solución técnicamente superior, aunque su costo dificulta una implantación inmediata. Una ruta razonable combinaría corrección automática por temperatura, balanzas verificadas, calibraciones periódicas, precintos inviolables y comprobaciones sorpresivas. Es una vieja propuesta nuestra y volvemos a reiterar que todo ello exige recursos, pero también capacidad técnica acreditada y voluntad institucional.
