Seguros y revisión técnica vehicular (RTV) son obligatorios por ley.
Siguiendo con el tema de los accidentes de tránsito y la RTV que tratamos en el artículo anterior, en esta ocasión vamos a abordar el asunto desde la perspectiva de la Ley de Seguros, que también establece, al igual que la Ley 63-17, en su Artículo 161, la obligación de mantener asegurados los vehículos de motor en relación con los daños que puedan ocasionar a terceros.
El artículo 112 de la Ley de Seguros establece: “Toda persona física o moral, incluyendo al Estado Dominicano y sus instituciones autónomas o descentralizadas y los ayuntamientos del país, cuya responsabilidad civil pueda ser exigida por razón de daños materiales, corporales o morales derivados de los últimos, causados a terceros por un accidente ocasionado por un vehículo de motor o remolque, está obligado a mantenerlo asegurado conforme a los términos de esta ley, como condición para que se permita la circulación de dicho vehículo, bajo una póliza que garantice la responsabilidad antes señalada”.
La disposición es clara: para que un vehículo pueda circular debe contar con una póliza que garantice la responsabilidad civil que pueda generar frente a terceros.
Sin embargo, por razones políticas y por la falta de decisión de las instituciones responsables de hacer cumplir las disposiciones legales, todavía no hemos logrado establecer un sistema efectivo que garantice que los vehículos que circulan por nuestras calles, carreteras y avenidas se encuentren realmente en condiciones de hacerlo con seguridad.
El llamado seguro de ley, como lo conoce la población, es otorgado por las aseguradoras, en muchos casos, sin que exista la certeza de que el vehículo asegurado se encuentra en condiciones adecuadas para circular. La aseguradora cumple con su obligación contractual de asumir la responsabilidad civil cubierta por la póliza, pero no está llamada a sustituir al Estado en su responsabilidad de revisar y supervisar las condiciones mecánicas y de seguridad de los vehículos.
Aquí encontramos una contradicción que se debe corregir. Cuando una aseguradora acepta asegurar un vehículo sin conocer sus condiciones reales de seguridad, particularmente cuando se trata de camiones, autobuses u otros vehículos de uso intensivo, está asumiendo el compromiso de responder por los daños que ese vehículo pueda ocasionar a terceros, dentro de los límites de cobertura contratados.
Esto no significa que la aseguradora sea responsable de las malas condiciones del vehículo, pero sí significa que está asumiendo una exposición que podría aumentar considerablemente cuando existe una alta probabilidad de accidentes por falta de mantenimiento, deterioro mecánico o condiciones inseguras de circulación.
Y esto también tiene consecuencias para la imagen y reputación de la aseguradora, además del patrimonio de sus accionistas, porque un vehículo en malas condiciones no representa simplemente una eventualidad asegurada: puede convertirse en una fuente permanente de siniestros y de pérdidas para todo el sistema.
Por eso considero que debemos buscar una solución diferente.
Así como las aseguradoras inspeccionan los vehículos cuando ofrecen coberturas de daños propios, deberían establecer mecanismos de inspección y evaluación de riesgos también para determinadas coberturas de responsabilidad civil, especialmente en vehículos de mayor exposición, sin que esto signifique trasladar a las aseguradoras una función que corresponde al Estado.
Son muchos los accidentes que pueden estar relacionados con vehículos que circulan sin el mantenimiento adecuado, además de los provocados por la mala conducción, la imprudencia, el exceso de velocidad y otras conductas de riesgo.
Exigir un poco más de seguridad y prudencia a los conductores y propietarios de vehículos puede contribuir significativamente a reducir los accidentes de tránsito.
Es posible que algunas de estas medidas tengan un costo adicional para los propietarios, pero debemos entender que la seguridad cuesta menos que un accidente, una discapacidad o una vida perdida.
De nada sirve aumentar los límites de las coberturas de responsabilidad civil si no hacemos, al mismo tiempo, el esfuerzo necesario para reducir la frecuencia y gravedad de los accidentes.
Necesitamos una verdadera alianza público-privada, en la que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y las empresas que integran el mercado asegurador puedan interactuar, compartir información y establecer mecanismos efectivos de prevención y control en ese sector.
La revisión técnica vehicular, la existencia del seguro obligatorio y el control de los permisos de circulación no deberían funcionar como mecanismos aislados. Deben formar parte de un mismo sistema de seguridad vial, donde cada institución cumpla la responsabilidad que le corresponde.
No podemos continuar esperando que ocurra el accidente para después buscar al responsable y pagar los daños. La verdadera responsabilidad consiste en prevenir el accidente antes de que ocurra.
Nuestras calles, carreteras y avenidas están cada vez más llenas de cruces, dolor y sangre en el asfalto. Detrás de cada accidente hay una familia que sufre, una persona que puede quedar discapacitada y un costo económico y social que termina pagando toda la sociedad dominicana.
Hagamos el esfuerzo con lo que tenemos a nuestro alcance. El seguro debe proteger a las víctimas, pero la sociedad y el Estado deben trabajar para evitar que esas víctimas lleguen a existir.
