En 2024, el 42.5% de las viviendas particulares ocupadas en República Dominicana eran alquiladas. En las zonas urbanas, la proporción alcanzaba 46%, según EnHogar 2024 de la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Es decir, casi una de cada dos viviendas urbanas ocupadas es alquilada.
Frente a este panorama, el país ha avanzado en instrumentos para aumentar la oferta y facilitar el acceso. Durante el primer semestre de 2026, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones reportó 890 apartamentos entregados mediante Mi Vivienda y Familia Feliz y para el período septiembre-diciembre proyecta entregar entre 1,600 y 2,000 viviendas.
Aumentar la oferta es necesario, pero no resuelve por sí solo el problema de asequibilidad. El acceso a una vivienda depende también de cuánto cuesta financiarla y de la capacidad de pago de los hogares.
En 2026, la DGII fijó en RD$5.45 millones el valor máximo para calificar una vivienda como de bajo costo. Por su parte, el Banco Central informó que la tasa promedio de los préstamos hipotecarios de la banca múltiple había disminuido a 11.93% en enero. La combinación de precio, ingreso y financiamiento conforma una ecuación exigente para muchos hogares, a la que se suma el peso de otra variable decisiva, la ubicación.
Una vivienda puede tener un precio que cabe en el presupuesto y, aun así, resultar costosa si implica largos desplazamientos, mayores gastos de transporte o menor acceso al empleo, la educación y los servicios. Según el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el tiempo de viaje empleado por cada habitante del Gran Santo Domingo alcanza alrededor de una hora y 15 minutos diarios. Ese tiempo también se traduce en un costo económico.
Cuando la vivienda asequible se aleja del empleo, parte del ahorro en el precio puede reaparecer en mayores gastos de transporte, horas perdidas y menor productividad. En ese contexto, la política habitacional trasciende su dimensión social y adquiere también una dimensión urbana y económica.
Por eso, medir el éxito solo por viviendas construidas o entregadas resulta insuficiente. Importa también cuántas familias pueden sostener el costo total de vivir allí, cuánto tardan en llegar al trabajo, qué servicios tienen cerca y si la localización amplía o limita sus oportunidades.
Construir vivienda y construir ciudad no son lo mismo. La vivienda resuelve una necesidad habitacional; la ciudad conecta esa vivienda con empleo, transporte, educación y servicios dentro de una estrategia común.
El reto de la política habitacional dominicana no es solo construir más. Es integrar mejor dónde construimos, cómo financiamos y cómo conectamos esas viviendas con las oportunidades económicas.
Una vivienda no es realmente asequible solo porque su cuota cabe en el presupuesto. También importa cuánto nos cuesta vivir desde ella.
