[dropcap]H[/dropcap]ay infinidades de formas de lavado de activos. Los expertos en el tema, incluyendo los teóricos y aquellos que lo practican, saben muy bien de qué se trata esta práctica malsana. Hay razones suficientes para rechazarlo en cualquiera de sus manifestaciones.
La Asociación de Industrias (AIRD) es explícita: El lavado de activos se ha constituido en uno de los más terribles atentados contra un crecimiento económico sano, el respeto del orden institucional y un ejercicio saludable de la política. A su entender, socava las bases de la tranquilidad social y hace tambalear los fundamentos éticos del convivir ciudadano, puesto que presenta lo fácil como una vía para la adquisición y posesión de riquezas.
Y hay más: funciona como una empresa criminal que “opera como una especie de veneno para la economía y especialmente para las empresas formales, constituyéndose en una amenaza permanente para las arcas del Estado y para la estabilidad social y política. O sea –y está demasiado explícito–, el lavado de activos podría ser comparado con un cáncer que hizo metástasis, pues se convierte en una cadena de efectos que daña todo a su paso.
El lavado de activos y sus implicaciones para al sector empresarial fue tema de debate en un encuentro organizado por la AIRD, en el que participaron como panelistas Marisol Vicens, Pedro Urrutia y Pelagio Alcántara. Es justo reconocer que los empresarios hayan dado varios pasos al frente para socializar este tema, a propósito de la nueva Ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
Los industriales de Herrera también han apostado a una legislación efectiva. Para la entidad, la ley establece una serie de controles que son “muy duros” para los negocios y también para los empresarios que quieran evadir impuestos, pues “ahora hay que justificar de dónde sale el dinero y hay más controles sobre la movilidad de los efectivos”. Y como dicen estos industriales, “es debido esperar que la ley sea aplicada con todas sus consecuencias a los que lavan activos a partir de la corrupción en el país, que arropa a todas las instituciones.
Todos los dominicanos, los comunes y los empresarios, están llamados a conocer las implicaciones de esta ley, sus debilidades, las formas en que se puede cooperar para que el lavado de activos no implique daño al quehacer empresarial, entre otros aspectos relevantes, especialmente por el énfasis que se ha puesto en los sujetos no financieros.
Un aspecto nuevo es el de la inclusión de delitos que se consideran precedentes o determinantes del delito de lavado, entre los cuales la ley enumera: prevaricación y delito cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; delito tributario, piratería de productos, delito de medio ambiente, falsificación y adulteración de medicamentos, alimentos y bebidas.
¿Qué esperar? Que esta importantísima legislación, garantista para todos los sectores de la economía, sea aplicada eficazmente por las entidades públicas y privadas relacionadas. De parte del Estado, que en sus autoridades recae la mayor cuota de responsabilidad, resta esperar que sea aún más estricto su cumplimiento. República Dominicana debe seguir dando pasos firmes en este trayecto hacia una sociedad más transparente y equitativa.
