El Gobierno dominicano anunció que seleccionó a la firma internacional Guggenheim Securities para que le asesore en el diseño de una potencial licitación para la venta de acciones de una central termoeléctrica a carbón de 675 megavatios que construye en el sur del país.
Las autoridades revelaron que esperan de la empresa asesora la elaboración de estrategias para la venta de acciones a un socio de alto nivel, diseño del mecanismo de licitación y análisis de las potenciales ofertas de compra.
Asimismo, asesoría para la negociación de los aspectos corporativos y financieros de la venta potencial, y recomendaciones en cuanto a la operación corporativa de la termoeléctrica luego de la venta de acciones.
El Ministerio de Hacienda local destacó en un comunicado, que el Gobierno dominicano busca obtener, de forma transparente, un socio estratégico de reconocida trayectoria internacional que participe de las operaciones de la termoeléctrica compitiendo en el mercado eléctrico dominicano como una empresa que sigue las mejores prácticas a nivel global.
En ese sentido, el Estado dominicano continuaría siendo socio de la generadora y participaría de sus ganancias anuales.
Como principal responsable del equipo asesor estará Mark Walker, fundador y director del departamento de asesoría soberana de Guggenheim Securities, agregó la información.
En diciembre pasado, el ministro de Hacienda dominicano, Donald Guerrero, reveló que el Gobierno buscaría vender hasta un 50% de las acciones de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), compuesta por dos unidades de generación eléctrica a base de carbón.
El Gobierno dio a conocer en septiembre de 2018 que pagó al consorcio Odebrech-Tecnimont-Estrella los 1,945 millones de dólares presupuestados para la construcción de la termoeléctrica, y que destinó otros 336 millones de dólares para concluir la obra.
Este último monto se creó como un fondo de contingencia para concluir la termoeléctrica y luego de que el consorcio constructor solicitara al Gobierno dominicano 708 millones de dólares adicionales por alegados gastos y atrasos que no estaban previamente determinados.
Las autoridades locales rechazaron esa pretensión y se determinó que ambas partes dirimirán el asunto en un juicio internacional que iniciará este año en Estados Unidos.
