El Gobierno necesita incrementar sus ingresos fiscales, pero no existen las condiciones, ni siquiera mínimas, para una nueva reforma fiscal a medias, sino la que desde hace muchos años ha sido pedida por diversos sectores empresariales y profesionales. El sistema tributario requiere de una revisión profunda que lo haga más fácil para los contribuyentes y la autoridad recaudadora.
Un sistema tributario complicado, es decir, difícil de administrar, deja ventanas abiertas para que quienes tienen malas intenciones puedan evadir. Los controles de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), por suerte, han ido mejorando sobre la base de la tecnología y la decisión política de quienes están al frente. Pero no es fácil. Cada día hay nuevas formas para evadir, desde la creación de empresas fantasmas, hasta el reporte de compras que en nada tienen que ver con la actividad declarada.
Admitida la necesidad de mejorar los ingresos, que este año se estiman en poco más de RD$689,000 millones, las autoridades han tomado una serie de medidas para frenar o disminuir la evasión fiscal. Esta especie de cruzada contra los evasores ha contado con el apoyo de los principales gremios empresariales, pues sus empresas, además del Estado, son perjudicadas por la competencia desleal de quienes operan al margen de la ley.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), las asociaciones de Industria de República Dominicana (AIRD), de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH) han dado un espaldarazo a la autoridad tributaria, pues sus operaciones, porque lo hacen bajo el marco de la ley, son perjudicadas, por lo que apoyan toda acción tendente a combatir la evasión fiscal.
Desde la segunda mitad del año pasado la opinión pública ha sido testigo de sometimientos de personas y empresas que han sido sorprendidas en flagrante delito de evasión fiscal. Ahora, con una herramienta tan útil como la Ley 155-17, que tipifica el lavado de activos, Impuestos Internos tiene más poder para perseguir y someter a los infractores.
Un país necesita que sus ciudadanos reciban los servicios básicos, tales como salud, seguridad, educación, energía y un mercado de trabajo formal que permita acceder a la seguridad social.
