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Hablemos de calidad

Sismos, escuelas, incumplimientos y retos (1)

Julio SantanaPorJulio Santana
14 febrero, 2019
en Hablemos de calidad
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Las recientes y recurrentes sacudidas sísmicas en el este del país ponen en relieve la urgencia de cumplir como Dios manda el Reglamento para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras, aprobado por el Ejecutivo mediante decreto 201-2011, luego de que la Dirección General de Reglamentos y Sistemas del MOPC agotara un largo y productivo proceso de consultas técnicas con diferentes grupos de interés.

El documento tiene el propósito de fortalecer la resistencia o estabilidad de todas las estructuras que se levanten en el territorio nacional cuando ellas se vean afectadas por movimientos sísmicos repentinos. En este sentido, el reglamento responde a un objetivo legítimo del Estado: la seguridad de los ciudadanos y sus propiedades.

En el caso nuestro, asegurar estructuras sismo-resistentes en todo el territorio nacional es tarea compleja que exige importantes inversiones, tanto de parte del Estado como de las empresas y la ciudadanía en general.

Primero, tenemos la situación de las edificaciones construidas antes de 2011, cuando no existía regulación alguna al respecto. Estas evidencian características estructurales que, en general, están muy lejos de ajustarse a los requisitos mínimos que establece el referido reglamento técnico.

Segundo, para lograr tal ajuste es necesaria la realización de un exhaustivo diagnóstico de vulnerabilidad sísmica en función de las zonas consideradas de alta y mediana sismicidad.

Por último, concluido el ejercicio, debe procederse al inicio de las adecuaciones estructurales y no estructurales correspondientes. Este paso, siendo indudablemente muy costoso (necesariamente implicaría masivas demoliciones), exigiría también la conformación de un equipo de profesionales responsables y con probado conocimiento de los parámetros que determinan el desempeño de las estructuras ante la acción de los sismos.

La realidad es que el desempeño sismo-resistente de las estructuras levantadas luego de 2011 (fecha de promulgación del reglamento) es la excepción y no la regla. En una palabra: el riesgo de destrucción masiva con ribetes catastróficos por causa de la ocurrencia de un terremoto severo, fuerte o muy fuerte se ha incrementado en los últimos ocho años.

Si estamos equivocados, deberíamos entonces responder las siguientes preguntas: ¿se revisan de manera cuidadosa y a profundidad los planos estructurales de cualquier proyecto de edificación nuevo conforme con el reglamento vigente? ¿Se comprueba el cumplimiento de manera recurrente y fidedigna in situ? ¿Contienen esos planos toda la información necesaria, incluidos obligadamente los documentos de diseño sismo-resistente de las nuevas estructuras? ¿Existe un sistema nacional de aseguramiento de la calidad estatal o de tercera parte de los materiales de construcción más relevantes, como son los diferentes tipos de varilla y el cemento? ¿Quién hace las pruebas y ensayos al margen de los realizados por las empresas productoras y cuáles son los criterios que aplicamos para hablar de confiabilidad de los resultados?

El día 4 de febrero la zona este del país fue sacudida por un sismo de 5.3 grados que ocasionó importantes daños estructurales en las escuelas de reciente construcción. Ello habla de un deficiente servicio de evaluación, monitoreo, inspección y fiscalización solamente en este renglón tan importante. Si bien muchos creen que estamos protegidos por Dios y la Virgen de La Altagracia, no queremos imaginar lo que ocurriría con un sismo mayor de 6.5 grados en los centros y periferia de nuestras grandes ciudades.

Debemos fortalecer los presupuestos de la autoridad competente para garantizar una atención eficiente a este crucial tema de seguridad nacional; disponer de equipos técnicos de alta calificación bien pagados; hacer las provisiones de fondos para garantizar el cumplimiento presente, así como el inicio de la compleja y vasta misión de las readecuaciones estructurales, y fortalecer la infraestructura de la calidad en materia de pruebas y ensayos acreditados para que no solo sean las empresas las que nos digan que sus productos cumplen con las normas.

Es un enorme desafío del presente del que lamentablemente nos acordamos solo cuando ocurren sacudidas telúricas importantes.

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