Como hemos reiterado en otras ocasiones, los servicios que ofrecen los sistemas nacionales de calidad, como son los ensayos, las inspecciones, la certificación y acreditación, dependen directa o indirectamente de mediciones confiables.
En República Dominicana las actividades de calibración (metrología industrial) y control metrológico (metrología legal) corresponden al Instituto Dominicano para la Calidad (Sidocal).
La responsabilidad de este instituto consiste, en primer lugar (Ley núm. 166-12), en “proporcionar servicios de calibración a los patrones y equipos de medición de los laboratorios, centros de investigación o a la industria, cuando así se solicite, y expedir los certificados correspondientes”. Esta función comienza con la solicitud voluntaria de servicios de calibración, bajo el supuesto de que el organismo competente tiene la capacidad de diseminar la exactitud de los patrones nacionales de medición del país.
En segundo lugar, el organismo tiene el compromiso legal de asegurar la confiabilidad de las mediciones “en todo tipo de transacciones comerciales y en las áreas de salud pública, seguridad humana, protección ambiental, vigilancia y control de la contaminación y de recursos”.
En relación con esto último, cabe puntualizar que son los reguladores estatales –no el instituto– quienes fiscalizan o inspeccionan la observancia de los reglamentos técnicos y legales en lo referente a las unidades de medida, los métodos y procedimientos de medición, los instrumentos de medir y las unidades materializadas.
Sin duda, el Indocal tiene la mayor cuota de responsabilidad ya que, digamos, esparce las unidades básicas de medida a las empresas industriales y de servicios, así como los patrones de calibración de la más alta calidad metrológica. O lo que es lo mismo, nuestro instituto debe proporcionar trazabilidad (metrológica) a la economía y sociedad, bajo la estricta observancia de las directrices, guías y buenas prácticas internacionales.
La triste realidad es que el ejercicio efectivo de estas funciones sigue siendo un desafío de Estado. Se pierde de vista que, al incorporar las buenas prácticas metrológicas al sistema productivo nacional, no solo se aseguran productos más uniformes; también se fortalece la confianza regional e internacional en sus resultados, facilitando la firma de acuerdos de reconocimiento mutuo que apuntalan la aceptación a escala global.
¿Cómo podrían las Pymes, por ejemplo, insertarse en las grandes cadenas de valor (su único futuro luminoso posible) sin la ayuda del Sistema Nacional de la Calidad? ¿Cómo certificar los sistemas de gestión de la calidad de estas unidades sin que ellas puedan presentar evidencias de trazabilidad de las mediciones que obligadamente realizan?
Parece que en los dos casos el concurso técnico del Indocal es decisivo. Siendo así, y considerando que algunos autores entienden que la metrología y la calibración representan bienes públicos, el apoyo político parecería un tema redundante. Este debe considerar los significativos beneficios de la metrología para los actores del mercado (externalidades), los potentes efectos de red derivados y el enorme valor social de contar con mediciones imparciales e íntegras.
También no perder de vista que las mediciones con trazabilidad reducen los costos de la investigación y de los procesos de innovación, ayudando así a consolidar el Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico (Decreto núm. 190-07). ¿Acaso no es este sistema un pivote crucial de la “competitividad”? La realidad es que notamos su ausencia en los nuevos y difusos aprestos que priorizan nueva vez la “inserción dinámica” al sistema de economía global.
De nuevo reiteramos que las actividades metrológicas no son eludibles cuando hablamos de un crecimiento basado en el conocimiento y la tecnología –que sería la única manera de hablar de sistemas competitivos–, pues afectan todas las etapas del proceso de cambio tecnológico, desde la investigación y desarrollo hasta las transacciones de mercado que involucran a los usuarios finales.
