[dropcap]L[/dropcap]os dos últimos jueves de julio de este 2015 enviaron un mensaje explícito al país: la inseguridad ha calado a niveles insospechables. Y hay que hacer algo, pero debe ser urgente.
No hay que buscar culpables, pero sí ocuparse a fondo para evitar episodios tan tristes y cargados de incertidumbre como los que se vivieron en dos sucursales bancarias el mes pasado.
El 23 de julio, cuando fue asaltada la sucursal del Banco del Progreso de la avenida Sabana Larga, del municipio Santo Domingo Este, era jueves. El pasado día 30, cuando el infortunio atacó a la sucursal del Banco Popular, de la avenida Luperón con Olof Palme, en el Distrito Nacional, también era jueves.
El mensaje es explícito: nadie está exento de ser afectado por la inseguridad. En estos casos, en los que dos entidades importantes de la banca nacional han sido violentadas por los malhechores, es muy grave. El monto que hayan logrado hurtar los asaltantes es lo menos importante. Lo más lamentable es el largo y tortuoso trayecto para reparar el daño físico y psicológico a las personas.
Sin embargo, hay otros aspectos que deben importar. Si de algo podemos estar orgullosos los dominicanos es de tener un sistema financiero que genera confianza, que aporta al desarrollo de la economía y que abre oportunidades para pequeños y medianos empresarios. Nuestra banca es segura y ofrece tranquilidad a los usuarios de los servicios financieros.
La confianza mutua entre las entidades de intermediación financiera y los usuarios es, a toda luz, el principal activo que existe en esta relación armoniosa. Sin embargo, el Estado debe entender que está en la obligación de ofrecer seguridad a todos los entes económicos, porque de ellos depende el desarrollo colectivo y la paz social que merecemos los dominicanos.
Dos asaltos a entidades bancarias en una semana no es un récord del que debemos sentirnos orgullosos. Sin dejar de reconocer el esfuerzo que hace el Gobierno para mejorar la calidad de vida de los dominicanos, incluida su seguridad, estos casos deben despertar nuestras estrategias con miras a no sólo estar más seguros, sino también a sentirnos y vivir en un país que ofrece sosiego a todos por igual.
República Dominicana, a pesar de estos capítulos amargos y preocupantes, está a tiempo de alcanzar el grado superlativo de la inseguridad ciudadana. Las autoridades deben tener pendiente que la estabilidad económica guarda relación con la quietud y seguridad que ofrece el país.
El llamado es a no dejar que nos arrope la incertidumbre cada vez que estemos en un lugar público. Si bien los dos últimos jueves de julio fueron negativos, nuestra sociedad puede confiar en los altísimos estándares de seguridad que ofrece nuestra banca. La tarea, quizá, está pendiente del lado del Estado, cuya deuda con esta sociedad es histórica en términos de educación, respeto por las leyes, un régimen de consecuencia que genere temor y gobiernos que sean ejemplos a seguir.
Reconocemos el altísimo valor humano de quienes están al frente de los bancos Popular y Progreso, los afectados durante los dos últimos jueves de julio, porque han demostrado que su confianza por el país y el desarrollo de los dominicanos está por encima de todo.
