“Los planes son nada; la planificación lo es todo”. – Dwight D. Eisenhower
Después de examinar en las entregas anteriores la composición del GLP, su precio, los problemas de medición y, finalmente, la seguridad de los recipientes e instalaciones, corresponde formular una pregunta inevitable: ¿qué hacer?
Estamos acostumbrados a que este tipo de problemas se enfrente desde el Gobierno mediante resoluciones o reglamentos apresurados o, en el peor de los casos, con la conformación de una comisión destinada a investigar y producir un informe cuyos resultados terminan casi siempre envejeciendo en algún archivo ministerial.
Aferrados quizás a una esperanza inútil, proponemos la constitución de una comisión técnica nacional integrada, entre otros, por el MICM, Indocal, ProConsumidor, los bomberos, las autoridades vinculadas a las edificaciones, universidades, importadores, distribuidores y representantes de los consumidores.
Su misión tendría que definirse con absoluta precisión para evitar esa socialmente nociva costumbre dominicana de reunir muchas instituciones alrededor de una mesa sin establecer con claridad quién responde finalmente por cada cosa. Los militares deberían permanecer al margen de este encargo del Poder Ejecutivo, sencillamente porque no poseen competencias técnicas ni regulatorias que justifiquen su participación en una tarea de esta naturaleza.
Avancemos algunas ideas en torno a la mencionada su comisión. La primera tarea debería ser establecer que GLP estamos importando para lo cual, durante un período representativo, tendrían que publicarse por cada embarque su composición, densidad, presión de vapor, procedencia, cantidad importada, precio FOB y certificados de calidad. Así precisaríamos si la mezcla predominante se aproxima al 70/30 -utilizada como referencia- al denominado propano comercial o si, como parece más probable, fluctúa dentro del rango permitido por la especificación.
La segunda sería revisar la formación del precio porque no basta con anunciar que determinada modificación produciría una reducción de RD$30 o RD$36 por galón. Cada elemento debe ser transparentado por separado, como el costo real de adquisición, transporte, almacenamiento, márgenes, cargos regulatorios y efecto de la temperatura. Así determinaríamos dónde existe un costo justificable y dónde se esconde un costo que termina pagando el consumidor.
El tercer componente es metrológico porque se refiere a la urgencia de que la compensación por temperatura sea estudiada e implantada técnicamente, garantizando que medidores, balanzas, termómetros y patrones posean trazabilidad al sistema nacional de mediciones, que tiene sus problemas no resueltos debido a la desidia oficial.
Hemos reiterado decenas de veces desde este mismo prestigioso medio que sin trazabilidad metrológica podemos multiplicar inspecciones y producir miles de números cuya confiabilidad nadie estaría en condiciones de demostrar.
El cuarto aspecto, que es urgente, es levantar un inventario nacional del parque de cilindros y tanques estacionarios. Sobra puntualizar la urgencia de conocer cuántos existen, su antigüedad, fabricante, estado físico, historial de inspecciones y pruebas, y cuáles deben ser retirados definitivamente.
La quinta tarea es la auditoria confiable de las entidades que realizan pruebas e inspecciones. No basta con comprobar que un recipiente exhibe una fecha troquelada ya que, como hemos señalado, debe existir trazabilidad documental que permita conocer los aspectos señalados en otras entregas.
¿Quién asumiría el costo social del retiro de miles de cilindros deteriorados? Sugerimos prever mecanismos graduales de sustitución, financiamiento o incentivos para evitar que la seguridad termine convirtiéndose en una carga imposible para las familias de menores ingresos. Es pertinente proponer que, antes de modificar de manera general la metodología de precio, medición o composición de referencia, iniciemos con un plan piloto en zonas seleccionadas y publicar sus resultados.
La propuesta de la UASD es una oportunidad para ordenar un mercado que durante demasiado tiempo hemos administrado por partes. Precio justo, medición confiable y seguridad no son objetivos enfrentados.
