No solo el caso Senasa vino a estrujarnos las calamidades que puede producir la falta de ética en el ejercicio de una profesión. No se trata solamente de los médicos. Estamos enfermos como sociedad, la corrupción y la pérdida de valores éticos en nuestra conducta están dominando el escenario social.
Cada situación y cada circunstancia las convertimos en espectáculo mediático, sin mayores consecuencias que estimular a la ciudadanía a buscar, por cualquier medio que tenga a su alcance, los recursos que le permitan satisfacer deseos muchas veces efímeros y extravagantes. Y, al final, todo parece quedar atrapado en una especie de impunidad social.
“Pondré mi conocimiento al servicio del enfermo, procuraré su beneficio, evitaré dañarlo y guardaré aquello que me confíe”. (Como debiera ser).
Esencialmente, esa es la idea que representa el Juramento Hipocrático: el compromiso de quienes escogieron la medicina para servir al ser humano y no simplemente para lucrarse de su enfermedad. El juramento establece, en su tradición, que el médico debe buscar el beneficio del enfermo y evitar causarle daño. También incorpora obligaciones de confidencialidad y normas de conducta profesional. En esencia, coloca el conocimiento médico bajo una responsabilidad moral: el dolor y la enfermedad de una persona no pueden convertirse en una oportunidad para aprovecharse de su vulnerabilidad.
Lo ocurrido y lo que se ha denunciado en torno a Senasa, con las investigaciones y responsabilidades que correspondan determinar a las autoridades competentes, nos obliga a mirar más allá de un caso particular. ¿Por qué prácticas contrarias a la ética profesional, si se confirman, no pertenecen exclusivamente al ámbito de la salud? Pueden aparecer en cualquier espacio donde exista conocimiento especializado, poder de decisión y una persona que deposite su confianza en otro.
El deber hipocrático trascendió la medicina y contribuyó a una concepción más amplia de las profesiones como actividades basadas en la confianza y sometidas a deberes éticos. En el derecho, por ejemplo, el profesional no solo debe poseer conocimientos técnicos, sino actuar con diligencia, lealtad, confidencialidad y responsabilidad frente a quien deposita en él sus intereses. De ahí surge y se desarrolla la idea de responsabilidad profesional, cuando el conocimiento especializado se ejerce de manera negligente y causa un daño, no basta con alegar que simplemente se estaba ejerciendo una profesión, existe el deber de responder por las consecuencias. ¿Tienen todos los abogados suficientemente claros ese concepto?
En los seguros, esa relación de confianza adquiere una dimensión particular. El asegurador administra una promesa cuyo cumplimiento puede resultar decisivo cuando ocurre un siniestro, mientras que el corredor o agente tiene la responsabilidad de orientar al cliente sobre los riesgos que enfrenta y las coberturas que necesita. Por eso, al igual que en la medicina y el derecho, la profesión aseguradora no puede reducirse a una simple transacción comercial. Implica conocimiento técnico, deber de información, buena fe, diligencia y protección de los intereses legítimos del asegurado.
En ese sentido, podemos hablar de un “deber hipocrático de las profesiones”: utilizar el conocimiento especializado no solamente para obtener un beneficio económico, sino para cumplir responsablemente la confianza que la sociedad deposita en quien posee ese conocimiento. La profesión debe ser también un compromiso con la persona que necesita nuestros servicios y con la sociedad que reconoce nuestra preparación.
Y llegamos a los políticos y servidores públicos. Aunque no existe para ellos un “Juramento Hipocrático” propiamente dicho, sí existe un deber de naturaleza semejante, poner el poder, los recursos y las decisiones del Estado al servicio del interés general.
Al asumir un cargo público, el funcionario no recibe solamente autoridad, recibe una confianza delegada por la ciudadanía y administra bienes que no le pertenecen.
Por ello, principios como la honestidad, la transparencia, la rendición de cuentas, la imparcialidad y la responsabilidad deberían constituir una especie de deber hipocrático de la política, no utilizar el poder para beneficio personal o de grupo, evitar causar daño a la sociedad y procurar que cada decisión pública contribuya al bienestar colectivo.
Así como el médico debe recordar que detrás de cada paciente existe una vida que depende, en alguna medida, de su actuación; el abogado sabe que detrás de cada expediente hay derechos e intereses que proteger; y el asegurador que detrás de cada póliza existe una persona, una familia o una empresa que espera protección cuando llegue la calamidad, el político debería recordar que detrás de cada decisión pública existen millones de ciudadanos cuyas oportunidades, recursos y futuro pueden verse afectados por ella.
