La venta de propiedades inmobiliarias es una de las actividades reguladas por la nueva Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (155-17), la cual prohíbe cobrar bienes de este tipo en efectivo cuando el precio exceda el monto de RD$1,000,000. Además, establece parámetros monetarios para otras transacciones del comercio.
La legislación es calificada como positiva por ejecutivos de la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana (Asonahores), la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) y de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon).
El presidente de la ONEC, José Luis Magadán, asegura que el comercio apoya toda regulación que ayude a mantener el control de la política económica, así como de toda actividad que pueda distorsionar a ese sector, siempre y cuando su aplicación sea de la misma forma para todos.
“Entendemos que es un gran avance para prevenir, regular y desincentivar las actividades ilícitas y delictivas, ya que la globalización, la tecnología, liberalización de los movimientos de capital y paraísos fiscales han favorecido de alguna forma estas actividades”, explica.
En el párrafo “c” del artículo 64, la legislación prohíbe las “transmisiones de propiedad de relojes, joyas preciosas, ya sea por pieza o por lote, y de obras de arte, por un monto superior a RD$450,000”.
La norma no debería generar ninguna preocupación al comercio, más allá de su entendimiento, su aplicación en relación al sector y sus implicaciones, entiende el titular de la ONEC.
“Incluso, esta ley puede ayudar a nivelar el juego, y lo digo partiendo del principio de que quienes lavan activos no están interesados en generar utilidades de sus inversiones y se convierten en una ‘competencia desleal’, ocasionando daño en sectores determinados de la economía”, asegura.
Mientras que el vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana, Andrés Marranzini, cuyo sector fue excluido de ser “sujeto obligado” de la Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, considera que la nueva norma no tendrá ningún efecto sobre el negocio del turismo.
Sin embargo, pronostica que quienes sirven servicios a la industria turística y que operan en circunstancias informales, tendrán que elevar su nivel de formalidad, “y eso tiene costos y eso va a tener un efecto”.
“En cuanto al turismo inmobiliario, eleva la cantidad de cosas que hay que hacer (la ley) para antes, durante y después de una transacción de compra de un inmueble, y carga en los actores que interactúan en la transacción responsabilidades que antes no tenían: el abogado, contable, tener al día la compañía en el origen de fondos, la forma en la que las transacciones se hacen, eso dificulta”, detalla Marranzini.
Para participar o jugar en casinos, loterías y otros juegos de azar, la norma prohíbe que sea por un monto superior a los RD$250,000.
“Yo creo que la formalización es el camino, pero también hay que reconocer que nuestra economía tiene un porcentaje alto de informalidad y de repente nos preocupa que se desacelere un poco la economía. Pero en el caso de los negocios importantes del sector turismo, esas inversiones vienen por canales formales”, señala el ejecutivo de Asonahores.
Eliseo Cristopher, presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, declara que muchas de las disposiciones establecidas en la Ley 155-17 son imposibles de cumplir por las compañías del gremio que representa, asegurando que desincentivan y frenan la formalidad del sector.
Problemas a Mipymes de la construcción
Debido a las trabas que agrega al proceso operativo de las micro, pequeñas y medianas empresas de la construcción la nueva Ley contra Lavado de Activos, Eliseo Cristopher, presidente de Copymecon, considera que es necesario crear un régimen especial para las mipymes, donde se establezca la excepción de ese sector en varios de los artículos.
“Es una ley (115-17) muy avanzada en estos tiempos, pero que también pone muchas trabas al desarrollo de los pequeños y medianos empresarios, debido a que requiere ciertos parámetros que pequeñas empresas no podrán cumplir, en vista de que su accionar económico es pequeño y viven del día a día”, critica Cristopher.
Asegura que para poder cumplir con los parámetros que establece la norma se debe tener una estructura tecnológica.
“Se debe hacer el trabajo de las autoridades, tales como reportes de las transacciones económicas, luego de un monto determinado para la adquisición de muebles e inmuebles, asunto éste que conlleva a los agentes a ser delatores que en cualquier momento se pueden encontrar involucrados con problemas personales con la persona de quien se sirve la información”, advierte el presidente de Copymecon.
