La situación del gasto deficitario del Gobierno Central es ampliamente conocida por la comunidad empresarial dominicana. El Estado ha recurrido a la emisión de bonos en los mercados internacionales (contraer deudas) para poder hacerle frente a sus compromisos financieros.
En este sentido, sin importar cual candidato resulte ganancioso en las elecciones de este año, se espera que a partir de la culminación del proceso electoral, nuestro país se vea precisado a discutir una reforma fiscal.
Se entiende que uno de los blancos de esta reforma sería los servicios, los cuales podrían verse gravados por nuevos impuestos o mediante una nueva ampliación del ITBIS.
A pesar de que esta podría ser una opción viable, por ahora no ha habido ninguna mención de la posibilidad de reformar el nefasto sistema del anticipo del ISR, el cual obliga a empresas a tributar antes de haber determinado si tendrán beneficios durante el período en cuestión.
La reforma del anticipo debe ser parte de cualquier reforma integral que impacte a las empresas, y en particular a aquellas que brindan servicios.
Por otra parte, se podría tratar de aumentar la tasa del impuesto sobre la renta a las personas físicas. En particular, este aumento pudiera presentarse como un aumento de la tasa más alta o la creación de un nuevo escalafón por encima del más alto en la actualidad, con una tasa superior a la actual.
Otra posibilidad que ha sido mencionada es el establecimiento de un impuesto sobre el patrimonio personal. Sin embargo, esta opción podría ser contraproducente, pues estaría incentivando a las personas a mantener una porción de su patrimonio fuera del país para evitar pagar este impuesto, además de que no es un impuesto comúnmente establecido en otros países.
También es de esperarse que una parte de la reforma sea una amnistía fiscal (con el pago de una suma mínima como recargo) para aquellos que quisieran transparentar sus bienes que se encuentran fuera del país. No obstante, esta opción no sería muy atractiva en caso de que también se apruebe un impuesto sobre el patrimonio personal, pues cualquier persona que se acoja a la amnistía también se estaría exponiendo a este nuevo impuesto.
Finalmente, debemos reiterar nuestro comentario -externado en un artículo que publicamos el pasado 7 de septiembre– en el sentido de que mejorar la transparencia en el gasto debe ser una condición esencial de cualquier proceso de reforma fiscal integral.
No tiene sentido pedirle a la población y al empresariado que asuman esta carga sin que el Estado también ponga de su parte.
