[dropcap]P[/dropcap]romulgada el pasado primero de junio por el presidente Danilo Medina, la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo tiene puntos positivos y negativos, a juicio de economistas consultados por elDinero sobre la normativa que regula, entre otros aspectos, el uso de efectivo en ciertas actividades.
El economista Roberto Mella Cohn destaca entre los puntos positivos de la ley el hecho de que actualiza el marco jurídico de una manera que permite el cumplimiento de nuevos estándares internaciones en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Mella Cohn asegura que mantener al país en una lista de riesgo del grupo de acceso financiero es el elemento más importante y para eso “no solo necesitamos una nueva ley, sino demostrar la efectividad y cumplimiento de esa norma, que se actualiza a los nuevos estándares que fueron revisados en febrero de 2012”.
Destaca que la ley, junto el reglamento que viabilizará su aplicación, refuerza la inclusión de nuevos “sujetos obligados”, de manera que “todo este esfuerzo no caiga solo sobre los hombros de las entidades financieras y bursátiles”.
Asegura que la inclusión de esos nuevos “sujetos obligados” va a darle mayor formalidad a ciertas actividades comerciales, a las cuales le exigen una serie de procesos nuevos que les va obligar a tener que corregir “muchísimas brechas” y debilidades que esas operaciones tienen para poder cumplir con las normas de prevención del lavado.
“Eso necesariamente va a tener un efecto de inclusión financiera. Se va a canalizar de alguna manera a que ciertas operaciones se bancaricen, a la formalización de operaciones que hoy no cumplen. Inclusive, se va a reducir la evasión fiscal al sistematizar muchas operaciones cuantiosas”, destaca como otro punto favorable.
Sin embargo, el economista sostiene que hay dos puntos negativos en el proceso, que desmotiva el uso del dinero en la banca, y son: el impuesto a la transferencia, que es de 0.15%, y que los bancos tienen costos altos por manejar el dinero de los clientes.
El presidente de la Asociación de Bancos Comerciales de República Dominicana (ABA), José Manuel López Valdés, ha calificado la legislación como “muy” moderna y actualizada. Entiende que debe ser “ampliamente difundida” para que la población conozca de las obligaciones que genera la ley y sus implicaciones.
López Valdés consideró, durante un evento celebrado en Punta Cana, que el público debe conocer la norma para ponerse “en línea” para hacer frente a los actos delincuenciales de los lavadores de dinero y terrorismo.
“Es una ley que tiene penalidades muy fuertes, no contempladas en la anterior y mayores responsabilidades para todo el mundo. Se está ahora en un período de adecuación y se va a dar a conocer las implicaciones que tiene la ley para que todo el mundo la conozca, entonces sepa a qué se abstiene”, explicó.
Agregó que “si a usted alguien le va a pagar una casa que usted vendió y le entrega un millón en efectivo, usted no lo puede aceptar, si usted acepta ese monto en efectivo, usted viola la Ley de Lavado de Activos y le toca penalidad de hasta 20 años de prisión (establecido en el artículo 64, párrafo “a”). Eso tiene usted que saberlo”.
Mientras que Miguel Collado Di Franco, del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees), como punto positivo destaca que la norma permitirá mayor transparencia por parte de las empresas. Sin embargo, considera que va a encarecer el hacer negocios en el país.
“La parte limitante es que va a encarecer más el hacer negocios, en el sentido de cumplimiento que habrá que tener para hacer los reportes, y bueno, todos los nuevos sujetos obligados que surgen ahora que antes no existían”, entiende Collado Di Franco.
Para el economista del Crees, la legislación obliga a mantener mejores récord de las recuperaciones y, no solo internamente, sino las que mantienen con partes vinculadas o relacionadas en cuanto a las operaciones comerciales.
En tanto, Luis A. Veras, analista financiero autorizado, dice que es paradójico, que justo en un período donde los mayores reclamos del sector privado y la sociedad civil ante las autoridades han sido el crimen y la corrupción, hayan sectores productivos que no vean como positivo la implementación de normativas destinadas a combatir el crimen organizado, la corrupción, el narcotráfico y otros males sociales.
Saneamiento a plazo
Luis A. Veras considera que los gastos que tendrán que incorporar algunos sectores para cumplir con las regulaciones de la ley son necesarios para sanear el tejido económico nacional y disminuir drásticamente el lavado de activos, haciendo menos atractivos los actos delictivos que típicamente le preceden como la prevaricación, el tráfico de influencias, los sobornos y demás tipos de corrupción pública y privada, aparte de los que involucran crímenes violentos, incluyendo el narcotráfico, los secuestros, la trata de personas.
“Este saneamiento tendrá beneficios económicos de largo plazo que superarán con creces el impacto negativo de corto plazo del costo de implementar la Ley 155-17”.
