[dropcap]D[/dropcap]e manera recurrente, los funcionarios del actual Gobierno insisten en utilizar el concepto de Estado de Bienestar para definir lo que, a sus ojos y juicio, se está construyendo en República Dominicana a partir de las acciones gubernamentales.
Si fuera sólo como proceso o aspiración, tendría sentido emular una situación vivida por algunos países de Europa en un momento en donde sus economías estaban repletas de bonanza y los Estados tenían bastante claro su rol.
Pero los que nos hemos pasado la vida estudiando economía, es decir, analizando la escasez y los problemas relacionados con la redistribución del ingreso, observamos como una burla pensar y aceptar que con los actuales indicadores económicos y sociales del país se pueda crear un sistema de Estado de Bienestar.
Este concepto, acuñado a finales del siglo XIX en la Alemania del Canciller Otto von Bismarck, designa el conjunto de intervenciones dirigidas desde el Estado, orientadas a garantizar unos servicios mínimos a través de un sistema de protección social, teniendo como centro tres objetivos: pleno empleo, seguridad económica (garantizando determinadas condiciones de vida), y reducción de las desigualdades.
Si analizáramos la situación actual del país a la luz de estos objetivos, llegaríamos a la conclusión de que la referencia que realizan los mencionados funcionarios, y hasta el propio Presidente, de que en dominicana se está construyendo un Estado de Bienestar, no es más que una broma.
En efecto, con tasas sostenidas de desempleo en los últimos 10 años de un 14.6% como promedio, ingresos mensuales de la población trabajadora que no compensan el costo promedio por quintiles de la canasta familiar, y niveles de desigualdad que se pueden ver con los ojos de la cara, es insostenible la tesis de la construcción progresiva de un Estado de Bienestar.
Una de las características de sostenibilidad de cualquier sistema similar es el nivel de presión tributaria, el cual debe estar en consonancia con los niveles salariales promedio de una población que aspira a la protección social de sus niños y niñas, madres solteras, desempleados y población envejeciente.
Es decir, la economía debe lograr la productividad necesaria que garantice puestos de trabajo de calidad a partir de lo cual se lograrían ingresos laborales suficientes, que deben generar los impuestos progresivos adecuados que conduzcan a una redistribución justa de los gastos sociales que realiza el gobierno, bajo un esquema de corrupción controlada.
Pero, el problema es que aquí las estadísticas no se utilizan como un borracho usa su farol, como fuente de apoyo (Vin Scully, s/f), sino para iluminar y crear falsos espejismos, consecuentes solo con un estado de bienestar individual.
